La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Recomendación 147/2022, solicitó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que, en un plazo de seis meses, se constituya un mecanismo para que se restituyan las becas alimentarias a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, y se repare el daño a los alumnos lesionados durante una manifestación, en 2020, en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro.

Este organismo emitió dicha recomendación al gobernador, por violaciones a los derechos humanos a la educación y a la igualdad en agravio de los normalistas, así como por la violación al derecho a la integridad y seguridad personal de siete estudiantes que resultaron lesionados por un camión de la policía estatal.

En el documento, recordó que el 11 de septiembre de 2020, la CNDH tuvo conocimiento de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán inició una investigación de oficio por lesiones a siete alumnos de la citada normal, quienes fueron arrollados por un camión de la policía estatal. Al momento de los hechos, los estudiantes protestaban, junto con otros compañeros, sobre la carretera Tiripetío-Pátzcuaro por la cancelación de sus becas alimentarias mensuales. Por este motivo, decidió ejercer su facultad de atracción el 25 de noviembre del mismo año.

Del análisis de los presupuestos federal y estatal asignados a las escuelas normales rurales, la Comisión Nacional pudo constatar las reiteradas disminuciones a este importante apoyo para alumnos de escasos recursos. Antes de la cancelación de las becas, la ayuda era de 66 pesos diarios para alimentos, 22 por cada comida, y diez pesos mensuales para material de estudio.

Por tal motivo, la CNDH también solicitó al gobierno de Michoacán colaborar ampliamente con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad en la presentación de la denuncia administrativa que esta comisión realice en contra de dos personas servidoras públicas por los actos y omisiones cometidas, como la incapacidad para canalizar la inconformidad de los alumnos, la ausencia de diálogo y negociación oportuna con los manifestantes y el mal diseño y ejecución del operativo que provocó, además, la exposición a un mayor riesgo de los uniformados y lesiones a trece elementos, por lo que el gobierno también deberá reparar el daño a los policías lesionados.