Al cierre del primer semestre de este año, 68.7 por ciento del total de proyectos mineros que se llevan a cabo en territorio mexicano y que pertenecen a empresas extranjeras, se encuentran postergados; es decir, prácticamente siete de cada 10 desarrollos no tienen operaciones, revelan datos oficiales del gobierno federal.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM), hasta junio pasado habían en el país un total de mil 218 proyectos mineros pertenecientes a empresas de capital foráneo, de los cuales 837 se encuentran catalogados como postergados, lo que significa que si bien no están cancelados, no registran actividad.

Oficialmente, dicha cantidad de proyectos se encuentran detenidos para su posterior reactivación, cuando la situación sea “financieramente razonable”. Es decir, están detenidos hasta que extraer los minerales del subsuelo mexicano sea más barato y así maximizar sus ganancias.

Lo anterior da pie a especulación, pero también es problema ambiental, pues una mina en suspensión continúa contaminando por la presencia de sustancias químicas, dado que no hay un cierre, que es precisamente el proceso que se debe llevar a cabo para detener las afectaciones en la zona.

En el mejor de los casos, un proyecto minero postergado puede llevar meses para reactivarse, pero muchos otros toman entre 10 y 15 años, o incluso no lo harán nunca, pero siguen abiertos por mera especulación, tiempo en el que continúan las afectaciones en las comunidades.

Según el informe Y después de la mina ¿qué? Hacia una política del cierre de minas, elaborado por las organizaciones Engenera y Heinrch-Boll, la llamada “postergación”, se utiliza como sinónimo de “suspensión” para referirse al motivo principal de interrupción del proceso minero, que es la caída de las cotizaciones de los minerales en el mercado mundial.

Asimismo, destaca que ni el término suspensión ni el de postergación se encuentran legislados o regulados en México para definir sus alcances o su temporalidad, por lo que no existe una regulación o vigilancia cuando las empresas se encuentran en esta situación.

Añadió que otra razón de la postergación de proyectos es que las empresas salen del país, ya sea porque no se tiene la rentabilidad deseada o bien no se encontraron las condiciones adecuadas para continuar el proyecto. Lo anterior es posible gracias a la falta de legislación que obligue el cierre adecuado de la mina antes de dejar el país.

Lo anterior se refleja en la disminución de empresas extranjeras, pues en 2012 existían 282 empresas mineras con capital extranjero en México, mientras ahora sólo son 167.

El número de proyectos postergados ha venido ganando terreno, pues datos de la DGDM indican que en una década atrás sólo 8 por ciento del total que extranjeros llevaban a cabo en territorio nacional estaban en esta situación, mientras que ahora es casi 70 por ciento.

Al cierre del primer semestre de 2012 el panorama era muy distinto, 78 por ciento se encontraba en etapa de exploración y 10 por ciento en producción. Ahora, sólo 21 por ciento se encuentran en etapa de exploración y 6.32 por ciento en producción.