Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina debe revisar el caso del edificio de Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales, el cual se derrumbó por el sismo de 2017, un año después de su construcción, que fue autorizada por el ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces delegación Benito Juárez, Nicias Aridjis Vázquez.

En conferencia de prensa, recordó que al iniciar la actual administración la fiscalía encontró que había una carpeta de investigación en torno al colapso del multifamiliar conocido como Residencial San José, en el que murieron dos personas, pero ya estaba cerrada, sin determinar si hubo alguna responsabilidad de los funcionarios que dieron el visto bueno a la construcción.

“En el caso de este edificio, en efecto, fue firmado por el entonces director general de Obras de la alcaldía –en ese tiempo aún delegación– y pues la fiscalía tiene que revisar; lo que sabemos es que había una carpeta de investigación que ya cuando entró la fiscal actual estaba cerrada”, explicó.

Fue Aridjis Vázquez quien firmó la autorización de uso y ocupación del edificio el 15 de mayo de 2016, en la administración del panista Christian von Roehrich como jefe delegacional de Benito Juárez, a quien además la fiscalía investiga por enriquecimiento ilícito, al presuntamente formar parte de una red de corrupción, conocida como cártel inmobiliario, que otorgaba permisos de construcción a cambio de departamentos.

La titular del Ejecutivo local agregó que hay siete investigaciones abiertas por edificios que tenían poco tiempo de haber sido construidos y resultaron muy afectados por el terremoto, la mayoría de ellos, afirmó, en Benito Juárez.

Uno de esos casos es el conjunto habitacional de Tlalpan 550, en la colonia Moderna, por el que hay una orden de aprehensión; se trata, explicó, de un grupo de edificios con un costo altísimo que tenían poco tiempo de haber sido construidos y que “no deberían haber sufrido ningún daño”.

Son siete casos de este tipo, en los que hay carpeta de investigación y en los que –puntualizó– no hubo víctimas mortales, por lo que se busca que los damnificados puedan entrar en un proceso de justicia restaurativa.

Un ejemplo de ello, dijo, es un inmueble en Insurgentes Norte, por el que también se inició una indagatoria, se logró que la empresa que lo edificó se hiciera responsable de la reconstrucción, “de esa manera se solventa, digamos, para que esté bien construido, quede bien habitado, y sea el constructor quien pague toda la reconstrucción y no tenga que ser a costa del erario”.