Víctimas del colapso de la línea 12 del Metro denunciaron penalmente a siete agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por la presunta manipulación de evidencias, que motivaron la no investigación de Florencia Serranía, ex directora y subdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El asesor jurídico de 13 víctimas, Teófilo Benítez, informó que piden “la remoción de los ministerios públicos, entre ellos María de la Luz Alcántar Alcántar, quien está al frente de las investigaciones, por no realizar una indagatoria transparente”.

Confió en que, por primera vez, la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, esté del lado de las víctimas, porque el mantenimiento y la supervisión de la línea fueron piezas claves en la tragedia, lo cual ignoró y obvió la fiscalía.

Los peritos en ingeniería, arquitectura y criminalística ofrecidos por el Ministerio Público, Tomás Andrade y Hazael Rodríguez, argumentó, detectaron alteraciones en evidencias como el poste de la catenaria de la zona colapsada, que fue seccionado indebidamente.

De esta manera, “se destruyó parte de la evidencia, que demostraba una deflexión, que era un indicador de que la estructura del tramo elevado ya arrojaba advertencias de que algo no estaba funcionando de manera correcta, por lo que debió preservarse de manera íntegra”, afirmó.

El Ministerio Público, además, no aceptó a Enrique Bonilla Ruiz como víctima directa y le ha impedido estar en las audiencias, así como al propietario del vehículo Ford Mondeo placas de circulación NRV-3020 del estado de México, pese a que la trabe que colapsó aplastó dicho automotor.

Las víctimas y su asesor jurídico solicitaron por ello a la fiscal capitalina que dé seguimiento a la cadena de custodia para que no sea alterada en ningún momento; ordene la realización de las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y la debida integración del tipo penal, y que se remueva a los agentes ministeriales.