Por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un plazo para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tomen acciones para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes desaparecieron a manos de militares y policías estatales, en mayo de 2007.

La primera sala del máximo tribunal aprobó por tres votos contra uno el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat para amparar a la familia de las víctimas, resolución que obliga a las autoridades federales a integrar una comisión especial de búsqueda, junto con especialistas y abogados propuestos por los hijos de los desaparecidos.

El fallo señala que 30 días después de que sean notificados oficialmente, la FGR debe dar a conocer una versión pública de la carpeta de investigación que inició sobre este caso, mientras que la Sedena debe autorizar el acceso de la comisión investigadora a todas las instalaciones militares donde se sospeche hay algún indicio para localizar a las víctimas.

El fallo se fundamenta en la resolución de la propia corte, que en junio del año pasado señaló que las acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas son obligatorias para todas las autoridades del Estado mexicano.

Luego de conocer el fallo, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, demandó que las acciones de búsqueda que se emprenderán a raíz de este fallo partan de la presunción de vida de los desaparecidos.

En conferencia de prensa, en el plantón que familiares y simpatizantes de la causa de las víctimas mantienen frente a la SCJN, Sandino Rivero abogado de los desaparecidos, explicó que más allá del caso en particular, el fallo aprobado por el máximo tribunal fija un estándar de prueba para acreditar la desaparición forzada y establece que mediante un juicio de amparo se pueden fijar medidas de reparación del daño cuando hay violaciones a los derechos humanos.