El ex fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) Juan Carlos de la Barrera Vite, perdió el amparo que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde buscaba invalidar la norma de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), que impone penas mayores a los servidores públicos que incurren en este delito.

De esta manera, quedó firme la sentencia de 15 años de prisión que se le impuso, luego de encontrarlo responsable de entregar información confidencial al Cártel de Sinaloa (CDS), que encabezaba Joaquín “El Chapo”, Guzmán.

Por mayoría de votos, los ministros de la primera sala del máximo tribunal resolvieron que esta agravante no vulnera los principios de presunción de inocencia, taxatividad, legalidad y seguridad jurídica, proporcionalidad de la pena y de no discriminación, por lo que es constitucional.

Se estableció que la LFCDO, no contradice a la carta magna ni constituye una discriminación hacia los servidores públicos, pues la agravante se basa el hecho real de que su participación en grupos criminales puede causar un daño mayor a la sociedad al actuar desde dentro del gobierno.

"Desde esa labor, sin importar su trascendencia en la institución de que se trate, pueden incluso producir una mayor afectación a la seguridad pública y a la sociedad en general, lo que amerita una respuesta penal más importante para hacer frente a ese fenómeno asociado con los grupos criminales", señala el proyecto aprobado, que fue presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat.

De la Barrera Vite trabajó en la Seido cuando esta subprocuraduría estuvo encabezada por Marisela Morales Ibáñez, quien luego sería titular de la entonces Procuraduría General de la República.

Las investigaciones del caso revelaron que recibió entre 50 mil a 100 dólares por entregar al cártel de “El Chapo” Guzmán copias de las declaraciones de testigos protegidos, que aceptaron colaborar con el gobierno para capturar a altos mandos del CDS.