Una de las peores legislaciones mineras del mundo es la de México, pues otorga concesiones a las grandes empresas del ramo que pueden extenderse hasta un siglo –a pesar de los múltiples daños socioambientales que generan–, a cambio de una contribución fiscal mínima, que significa menos de uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Así lo advirtieron los investigadores participantes en la presentación del libro Minería en América Latina y México. Problemas y consecuencias, quienes indicaron que “accidentes” como los ocurridos en la mina de carbón El Pinabete se pueden prevenir, pero las autoridades no han destinado recursos suficientes para ello.

Aleida Azamar Alonso, autora del volumen y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que desde la instauración del modelo económico neoliberal, las actividades mineras han recibido un impulso por parte de los sucesivos gobiernos del país que no se corresponde con sus aportaciones a la sociedad.

Un ejemplo de ello, dijo, es que mientras en Chile la minería significa alrededor de 15 por ciento del PIB, en México ese índice apenas fue de 0.52 por ciento “en los años en que más se recaudó”, y sin contar con que muchas empresas incluso recibieron devoluciones fiscales.

De igual forma, la especialista señaló que las grandes compañías del sector no dan información suficiente sobre sus ganancias, lo que impide cobrarles impuestos de forma adecuada.

Ademas, recurren a la “compra de voluntades” en los lugares donde se asientan para que los pobladores acepten su presencia, con obras pequeñas que no compensan los daños que provocan.

Luego de resaltar que las empresas mineras incluso han desplazado de manera forzosa a los habitantes de algunas comunidades si éstos se niegan a irse, la experta lamentó que los fondos con los que cuentan los organismos encargados de vigilar a dichas compañías cada vez son menores.

“El presupuesto de las secretarías de Medio Ambiente y del Trabajo se redujo y así no pueden ir a revisar. No sabría cómo llamarle a lo que pasó en la mina de Coahuila, porque esos supuestos ‘accidentes’ se podrían prevenir, pero no se hace porque nadie regula a las empresas” y sólo pagan pequeñas multas por sus irregularidades.

Los investigadores Carlos Rodríguez, Isidro Téllez y Beatriz Olivera subrayaron que el libro demuestra las similitudes de las legislaciones mineras en muchos países de América Latina y los mecanismos de “despojo” que han aplicado las trasnacionales del ramo, muchas de ellas de capital estadunidense y canadiense.