El último ciclo de protestas en América Latina –iniciado en 2019 e interrumpido por la pandemia– ha cobrado fuerzas este año. Ecuador fue el primero en encender la chispa como en 2019. Los 18 días de intensas movilizaciones se cerraron con un diálogo entre el gobierno y el movimiento social encabezado por la acción indígena.

En éste se acordaron: la declaratoria de emergencia del sector salud; la reducción del valor del combustible en 15 centavos de dólar por galón; la condonación de deudas hasta 3 mil dólares con BanEcuador; el fortalecimiento al control de precios de productos de primera necesidad; la duplicación del presupuesto a la educación intercultural bilingüe; el subsidio en 50 por ciento al precio de la urea para pequeños y medianos productores; la restricción de actividades mineras en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica; la garantía a la consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Para cumplir los acuerdos se estableció un plazo de 90 días y la instalación de mesas técnicas entre delegados del gobierno y el movimiento indígena. Han transcurrido los primeros 30 días y lo que se observa es la poca voluntad política del gobierno para llevar a efecto los acuerdos.

Aunque la coyuntura que se abrió en junio no ha encontrado resolución final, la explosión de la movilización dejó algunas certezas sobre la situación política en Ecuador. Por un lado, la constatación de la radicalización de la derecha, que está dispuesta a usar la violencia estatal para imponer el programa neoliberal. La represión del Estado no sólo fue evidente en las movilizaciones en las que se observó el fortalecimiento del aparato represivo, que dejó al menos seis muertos y 500 heridos.

Esta represión fue aplicada de la mano de una sistemática deslegitimación de la protesta. El gobierno señala a los manifestantes como violentos y terroristas, es decir, como enemigos internos. Además, de forma irresponsable y sin pruebas el presidente Guillermo Lasso ha señalado que las protestas sociales son financiadas por el narcotráfico. Luego de las movilizaciones la represión ha seguido la vía de la judicialización y criminalización de la protesta social. Líderes que encabezaron la movilización enfrentan procesos penales. Es decir, la respuesta del gobierno sigue la línea de la persecución, cárcel o muerte. Esto es, el movimiento social se enfrentó a un Estado más violento, con un bloque de poder sin intención de negociar y nula voluntad para resolver los puntos de conflictividad.

Por otro lado, si bien el movimiento social fue heterogéneo en su composición, el grueso de la organización y dirección de la movilización fue asumida por el movimiento indígena. Éste demostró una enorme capacidad de organización y liderazgo. Producto de la movilización social, se construyó una articulación entre las principales organizaciones indígenas: Conaie, Feine y Fenocin. Lo mismo sucedió dentro de la Conaie. Esta cohesión organizativa será una fortaleza frente a los próximos desafíos.

No obstante, se observaron debilidades organizativas de otros actores: fue evidente la ausencia de los sindicatos en la movilización. El fortalecimiento de otros actores permitirá construir una agenda más amplia y, sobre todo, fortalecer la unidad del campo pluri-nacional-popular. Ésta sólo será posible en la medida en cada actor se fortalezca organizativamente y avance en la construcción de un programa propio. Pero esta unidad no se construirá en el vacío. Hay experiencias históricas previas, puntos de articulación detectados en las movilizaciones de 2019 y 2022, solidaridades y politizaciones forjadas al calor de la protesta que van perfilando un “nosotrxs” y una constatación de sus propias fuerzas movilizadas.

Las mesas de diálogo, además, han significado una oportunidad para extender la discusión sobre las demandas de distintos sectores, el fortalecimiento de la denuncia, la necesidad de veeduría colectiva y la predisposición para participar en los equipos de las mesas técnicas. Las organizaciones sociales activadas en la discusión social trasladan sus inquietudes a estos espacios. Es decir, después de la movilización se mantiene una discusión social.

A un año de gobierno de Lasso, su legitimidad ha ido en picada. De la misma manera, el campo político institucional demostró una incapacidad para actuar y ofrecer respuestas. En este escenario, y frente a la falta de voluntad política de Lasso para cumplir los compromisos es posible que la política se juega en las calles y no el campo institucional. Por tanto, no se descartan nuevas movilizaciones.

* Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM