Para avanzar en la resolución del problema de las desapariciones es necesario que las fiscalías estatales “dejen de lado los egos y compartan sus bases de datos”, reclamaron integrantes de colectivos de búsqueda, quienes llamaron a una autocrítica en las instituciones federales y locales, así como a dar “dos pasos atrás en el protagonismo” de las propias organizaciones.
Al iniciar la adecuación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), en Xochitepec, Morelos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, acompañados del gobernador Cuauh-témoc Blanco, coincidieron en que el CNIH representa “un paso firme y decidido” para garantizar el derecho humano a ser buscado y a las personas sin vida a tener un trato digno.
Yolanda Morán, representante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, expuso que este proyecto se concretó en gran medida “gracias a la insistencia de las familias y colectivos” que buscan a sus parientes ausentes.
Pidió a las fiscalías “que entiendan que su obligación es con los mexicanos. Deben dejarse (de lado) los intereses, los orgullos y la soberbia, y reconozcan que necesitan la ayuda que la Comisión Nacional de Búsqueda y los Centros de Identificación Humana les ofrecen”.
Edith Pérez, vocera de Voz y Dignidad por los Nuestros, señaló que muchos integrantes de los colectivos han sido amenazados durante su labor de búsqueda. Valentina Peralta, de la Red Eslabones, recalcó que en esta tarea “todos debemos quitarnos los egos” y hacer “un ejercicio de autocrítica”, porque lo logrado es por esfuerzo conjunto.
La construcción del CNIH “será para un ejercicio de identificación masiva de personas que lamentablemente no han sido reconocidas y que se encuentran en fosas comunes o en los Semefos de los estados”, explicó Encinas Rodríguez. Agregó que eso significa reparar el enorme rezago que “lamentablemente la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no han podido atender”.
En entrevista colectiva, el subsecretario refirió que son alrededor de 52 mil personas no identificadas las que “se encuentran en esa situación”.