Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner recusó esta semana a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani que comenzaron sus alegatos sobre una causa ya cerrada donde se intentó probar, sin lograrlo, la existencia de una supuesta asociación ilícita en la distribución de fondos para la obra pública en la provincia de Santa Cruz, durante su gobierno (2007-2015).

Cerrada esta causa por falta de pruebas, a pesar de que centenares de testimonios determinaron que no existían estas irregularidades se decidió ahora su reapertura tratando de llevar a la cárcel a la ex presidenta, un viejo sueño de la oposición con la complicidad de jueces, medios de comunicación y agentes de inteligencia del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Los alegatos del fiscal Diego Luciani, que comenzaron vía internet el pasado 1 de agosto se convirtieron en una forma de acusación, plagada de irregularidades, en un discurso más que jurídico, político , intentando llevar a prisión a Fernández de Kirchner.

En la portada de Página /12 del 31 de julio pasado se publicó una foto donde se muestra a los fiscales Mola y Luciani en un partido de futbol del equipo Liverpool en la quinta Los Abrojos de Macri, mientras que la directora de Asuntos Jurídicos, la abogada Graciana Peñafort hizo referencia a la recusación de la vicepresidenta y al vínculo entre Macri y “los fiscales y jueces”. En este caso referido a nuevas imágenes que muestran el vínculo de Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

Para la abogada “los jueces tienen que ser imparciales y los fiscales tienen que custodiar la legalidad del proceso. La imparcialidad de los jueces es una obligación legal inexcusable y tener trato frecuente con una de las partes debió llevar a los jueces a no intervenir”. Agrega que "nos enteramos que tenían una relación amistosa frecuente con el ex presidente Macri, que actuaba como parte de la acusación”.

Cabe señalar que la defensa de la vicepresidenta recusó a ambos el lunes pasado en el marco del juicio oral por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz realizada entre 2003 y 2015.

Decenas de testimonios, entre los que se encuentran empresarios de la construcción, señalaron que Lázaro Báez obtenía las licitaciones porque tenía la logística de sus trabajadores y maquinarias en la provincia de Santa Cruz y por ende podía ofrecer mejores valores. Ahora sí hay pruebas contundentes - que dan cuenta de la connivencia de Macri con dirigentes de la coalición opositora Cambiemos de primer nivel y de los fiscales y el juez que llevan adelante la llamada causa Vialidad.

“La historia de este país expone que la fantasía por proscribir a la dirigencia peronista tiene larga data. Es muy difícil no leer el cronograma del juicio según los tiempos electorales del país. Mecanismos similares se usaron en Brasil para encarcelar sin pruebas a (Luiz Inacio) Lula da Silva y allanarle así el camino a la ultraderecha ¿Misma lógica para mismos resultados? A la vez que sobreseen a Macri en todas las causas abiertas preparan una condena para Cristina”, señala de noticias Paco Urondo.

La vicepresidenta mencionó en twiter que "del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri" .

Luego de que se conocieron en las últimas horas nuevas fotos en las que se los ve abrazados al integrante de la Cámara Federal, Mariano Llorens, y a Diego Luciani, Fernández de Kirchner señaló que "el equipo del fiscal Luciani, del presidente del tribunal Giménez Uriburu y del camarista (magistrado) Llorens, es el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan".

La causa del avión venezolano

Además de este escándalo judicial también se registra lo mismo en la causa abierta por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena sobre el avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur literalmente secuestrado por la justicia argentina, desde el 8 de junio pasado.

Ilegalmente la fiscal y el juez aceptaron una querella abierta por la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina, sin que se presentara ninguna prueba de que la tripulación del avión vendido a Venezuela por una empresa iraní, tuviera ningún contacto con terrorista, como se planteó en la causa abierta.

El propio presidente de la Agencia Federal de Inteligencia, el ex diputado Agustín Rossi, declaró que habiendo realizado la investigación requerida ninguno de los 19 tripulantes tenían causas abiertas ni pedidos de detención por parte de Interpol.

Sin embargo, el juez Villena continuó con este virtual secuestro de la nave y sus tripulantes y lleva dos meses “esperando “ por si surge algún delito y recurriendo nada menos que al FBI de Estados Unidos y otras agencias extranjera, invalidando así la soberanía argentina y el desprecio a las investigaciones locales.

Esto ha llevado a una situación que enfrenta al gobierno venezolano con su par argentino, Como señalan juristas locales el gobierno no puede imponerse a una acción judicial. El presidente venezolano Nicolás Maduro reclamó la inmediata devolución del avión, que además debía ser utilizado para cargar alimentos o medicamentos, que no llegan a Venezuela por el bloqueo de Estados Unidos, mientras una cantidad de organismos entre ellos de derechos humanos reclaman la acción del gobierno, para llevar a la justicia internacional, esta situación, ya que lo último que sucedió es el pedido de la justicia de Estados Unidos de retener este avión, sin causa alguna.