Nueva York. El cateo de la FBI a la mansión de Donald Trump en Florida el lunes, operación policiaca sin precedente contra un ex mandatario, está sacudiendo al mundo político estadunidense: el ex presidente y sus aliados denuncian que es parte de la supuesta persecución de la “izquierda radical demócrata”, mientras expertos señalan que tal paso no se habría tomado por las autoridades sin pruebas aplastantes de que se ha cometido un delito.

La FBI y el Departamento de Justicia no han comentado públicamente sobre la operación desde que, según algunos informes en medios, una docena de agentes de la FBI llegaron sin anuncio a Mar-a-Lago, mansión y club privado de Trump en Palm Beach, Florida, la mañana del lunes con una orden judicial para realizar un cateo. Trump se encontraba en Nueva York.

Según versiones extraoficiales, el cateo tiene que ver con una investigación sobre materiales oficiales, muchos de los cuales se supone son documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca al concluir su presidencia. Las autoridades federales, con anterioridad, habían negociado con Trump y sus abogados para recuperar 15 cajas de documentos oficiales que se había llevado, pero se sospecha que no entregó todo, violando potencialmente leyes que obligan a los ex presidentes entregar el material oficial a los Archivos Nacionales al concluir sus periodos como servidores públicos.

Por ahora, sólo se puede especular sobre qué encontraron los agentes de la FBI, pero aun sin mayores detalles, el simple hecho del cateo ha sacudido al mundo político, ya que no hay precedente de una acción policiaca como esa contra un ex presidente. Por lo tanto, los resultados de esta operación tendrán enormes consecuencias políticas.

Aunque Trump ha denunciado que esta operación es parte de una ofensiva política de los “demócratas de la izquierda radical”, expertos reiteraron que para obtener una orden judicial para un cateo, las autoridades, en este caso la FBI, tienen que presentar ante un juez suficiente evidencia de que se ha cometido un delito y que es razonable suponer que hay pruebas de ello en el lugar donde se desea realizar el cateo.

Más aún, el director de la FBI, Christopher Wray, no es de la “izquierda radical”, sino que fue nombrado e instalado en su puesto por el magnate.

Trump, como suele hacer, usó el incidente para recaudar fondos y movilizar a sus bases, al declarar ayer que “no fue sólo mi hogar el que fue violado, sino los hogares de todos los patriotas americanos por quienes he estado luchando…” y llamó a revelar y frenar “la persecución política y la cacería de brujas”.

A la vez, el líder de la minoría republicana de la cámara baja, Kevin McCarthy, amenazó al procurador general Merrick Garland, sugiriendo que tiene la intención de investigarlo, mientras el senador republicano por Florida, Rick Scott, declaró que “el ala izquierda militante (demócrata) se ha convertido en el enemigo interno” en este país.

Otros legisladores republicanos reiteraron las acusaciones de Trump de que el Departamento de Justicia y la FBI se han “politizado” y que el operativo fue “un abuso del poder”.

También hubo amenazas de violencia y hasta llamados a tomar las armas para “una guerra civil” por fanáticos de Trump en las redes sociales. Muchos repitieron “esto implica guerra”, y políticos locales y candidatos se atrevieron a promover propuestas para rechazar la autoridad del Departamento de Justicia y la FBI en sus estados. La candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, declaró que “este régimen ilegítimo y corrupto odia a Estados Unidos y ha convertido a todo el gobierno federal en un arma para destruir a Donald Trump… No lo vamos a aceptar”.

Por su parte, dirigentes demócratas han evitado comentar sobre la operación, más allá de subrayar que el Departamento de Justicia actúa de manera independiente en estos asuntos.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reafirmó que el presidente Joe Biden se enteró de la operación por informes públicos y no fue consultado por el Departamento de Justicia.

Algunos expertos en asuntos penales y fuentes anónimas citadas por medios nacionales han indicado que esta operación no está ligada con otras investigaciones del Departamento de Justicia sobre los delitos cometidos en el asalto violento al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, en otra investigación sobre los impuestos de Trump, un tribunal federal de apelaciones emitió ayer un fallo que aprueba que la Cámara de Representantes tenga acceso a los informes fiscales del ex mandatario, algo que él ha combatido desde que lanzó su campaña electoral en 2016, cuando, rompiendo con la tradición, rehusó hacer públicos sus informes fiscales. Se espera que Trump apele la decisión ante la Suprema Corte, donde él instaló una mayoría conservadora cuando fue presidente.

A la vez, Trump enfrenta múltiples investigaciones en su contra, incluida una criminal en Georgia, sobre su posible intento de manipular los resultados electorales en ese estado, y un caso civil sobre sus negocios en Nueva York.

También hubo un poco de humor en la tormenta de opiniones en las redes sociales. Un comentarista anunció: “una noticia urgente: la biblioteca personal de Trump fue destruida en la redada de la FBI en Mar-a-Lago. Ambos libros tristemente quedaron en condición irreparable, y él no había acabado de colorear uno de ellos”.