La Fuerza Amplia de Trasportistas (FAT) integrada por 18 mil concesionarios del transporte público de la Ciudad de México solicitó al congreso local incluya en el presupuesto del 2023 una partida presupuestal por 3 mil millones de pesos para financiar el bono de combustible que compense el déficit que existe en la tarifa de microbuses, vagonetas y autobuses concesionados,

“Si no se nos otorga: crónica de una muerte anunciada para nosotros; como lo hemos anunciado ya hay dos rutas que han desaparecido producto de la insolvencia que han tenido los compañeros”, señalaron voceros de la FAT en conferencia de prensa afuera del palacio legislativo de Donceles.

Exigieron, además que la Secretaría de Movilidad (Semovi) rinda cuentas sobre el manejo de los recursos del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (Fifintra), organismo al que se destinaron 3 mil millones de pesos durante 2020, 2021 y parte de 2022 en razón de mil millones de pesos por año.

Según los transportistas dichos recursos no fueron entregados en su totalidad a los transportistas y alrededor de mil 600 de los 18 mil que integran ese gremio aglutinado en la FAT no recibieron el bono en ningún momento de los años señalados mientras que el resto (alrededor de 16 mil 400) sí recibieron el bono pero durante el 2020 solo durante siete meses, en 2021 por seis meses y durante 2022 solo por cuatro meses.

“Nosotros estamos subsidiando a la tarifa autorizada en la Ciudad, con aproximadamente 7 pesos con 50 centavos. En nuestra dinámica de lucha pedimos un incremento de tres pesos a la tarifa para que la mínima se ubicara en 5 pesos; se nos otorgó un peso de aumento pero la realidad es que ese incremento se diluyó en el costo refaccionario.

“Para resarcir de manera mediana los otros dos pesos estamos pidiendo el bono que se nos estuvo otorgando por 4 mil 240 pesos para para la ruta tradicional y de seis mil pesos para los corredores con una actualización para que el bono para las rutas llegue a unos 4 mil 500 o 4 mil 700 pesos por mes” indicaron durante la conferencia al término de la cual ningún legislador se hizo presente.

Según los transportistas “desde hace 25 años los gobiernos de izquierda utilizan la tarifa como una herramienta política, pues si un servicio como el de RTP que es similar al nuestro, le cuesta al gobierno 14 pesos mover a un pasajero porque motivo o razón a nosotros nos debe costar seis pesos”.