La corrupción en el sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez no sólo ha dejado pérdidas económicas, sino también víctimas mortales, señaló Martín Hernández Téllez, cuya esposa y madre fallecieron al derrumbarse el edificio Zapata 56 en el sismo del 19 de septiembre de 2017, inmueble que fue autorizado por el panista Nicias René Aridjis Vázquez, ex director General de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, un año antes de que ocurriera el terremoto.

A casi cinco años del desplome, Hernández relató que siente indignación porque en su momento el Ministerio Público le aconsejó no acusar a las autoridades que avalaron la construcción, sino a quienes estuvieron a cargo de ella. Durante el sismo la mitad del complejo habitacional colapsó. Los peritajes revelaron la utilización de materiales de baja calidad.

De la treintena de inmuebles que se desplomaron, el edificio Zapata 56, también conocido como Residencial San José, fue el único que se erigió con el nuevo reglamento de construcciones, que implica una normatividad más estricta.

Fue Aridjis Vázquez quien firmó la autorización de uso y ocupación del edificio el 15 de mayo de 2016, cuando el panista –hoy diputado local– Christian von Roehrich era delegado de Benito Juárez.

Al día de hoy continúa el juicio penal, en el que sólo se ha procesado al director responsable de obra Juan Duay Huerta, quien por su edad avanzada permanece bajo arresto domiciliario y enfermo de cáncer.

Ahora que las autoridades locales han iniciado investigaciones sobre la corrupción en el sector inmobiliario, el hombre de 38 años busca justicia por el fallecimiento de su esposa Karla Kaori Santos Sánchez, de 30 años, y su madre Matilde Téllez Cárdenas, de 63 años, quienes se encargaban de cuidar al hijo de una mujer que habitaba un departamento en el inmueble.

Tienen responsabilidad

“Estamos hablando de que si ellos no hubieran otorgado esos permisos y no hubiera existido esa corrupción, mis hijos tendrían a su madre. (Los funcionarios) tienen una gran responsabilidad, deben resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que permitan esto por corrupción, por dinero, ponen en riesgo a muchísima gente.

“Estas personas abusaron de su poder, de su posición en ese momento, y quiero que se haga justicia contra Aridjis, contra estas personas; nuestra posición es que estas personas vayan a la cárcel porque yo no voy a descansar, no estoy a gusto porque nada me va a regresar a mi familia”, dijo Hernández, quien aún está a la espera de que el Instituto de Vivienda le entregue el departamento que le asignó en avenida Del Taller.