El decreto anunciado por el Presidente para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ser contrario a la Constitución, da pie a una concentración de poder en las fuerzas armadas que puede representar un alto riesgo a futuro, alertó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro). Por separado, la Fundación para la Justicia sostuvo que, con medidas extremas, “existen pocas posibilidades de renovar y reconstruir el tejido social dañado”.

La decisión contraviene la Constitución, en la que se estableció la esencia civil de este cuerpo de seguridad, coincidieron ambas agrupaciones, por lo que consideraron que habría elementos suficientes para una controversia.

Al recordar que, desde los gobiernos anteriores, en el Centro Pro mantuvieron una crítica al modelo de “militarización”, el director de esta agrupación defensora de derechos humanos, Santiago Aguirre Espinosa, alertó que entre los riesgos de inclinarse por esta ruta se encuentra que el “ampliar el poder de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública va a terminar desbalanceando la relación cívico-militar, porque lo que vemos en nuestro trabajo cotidiano es que, con tanto poder, el Ejército –más allá de lo que digan las normas– no se subordina a los controles civiles”.

En conjunto, explicó que podrían generarse “violaciones a derechos humanos impunes”, ya que el Ejército tiene un “mal historial” en este renglón y en rendición de cuentas.

En tanto, “como política de seguridad, la militarización es inefectiva y no bajará la violencia. Toda la experiencia comparada muestra que es más importante, por ejemplo, fortalecer a las fiscalías, invertir en policías locales”.

Por su parte, en un posicionamiento, la Fundación para la Justicia expresó: “nos preocupa que el Presidente viole uno de sus máximos compromisos, que es respetar y actuar conforme a nuestra Constitución; que la militarización en el país se vea como la única respuesta para resolver problemas fundamentales como la seguridad; que ni siquiera haya habido en este gobierno un intento por construir una policía civil, democrática, y que estos giros autoritarios, como lo es el avance de la militarización, representen medidas antidemocráticas que será muy difícil desmontar en un futuro”.