La Cámara de Diputados decidió desclasificar los archivos y las conclusiones de la investigación que comisiones especiales emitieron sobre el megafraude en la desaparecida Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio de Carlos Salinas, –daño patrimonial documentado en 1.6 billones de viejos pesos–, así como las pesquisas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994.

El expediente del caso Conasupo será entregado a un particular que lo solicitó vía transparencia, mientras los archivos sobre el magnicidio de Colosio serán enviados a la Fiscalía General de la República, aunque el PRI consideró que ambos expedientes deben ser de consulta abierta.

La comisión especial del caso Conasupo emitió su informe en noviembre de 1999, del cual se publicó un extracto, donde exigió a la entonces Procuraduría General de la República una indagatoria en contra de los miembros de los consejos de administración, de 1988 a 1992, de Conasupo, de Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), y de las siete empresas comercializadoras de harina nixtamalizada. También, de los integrantes de la asamblea de accionistas de Miconsa Guerrero y el reporte indica que Carlos Salinas y el ex procurador Enrique Álvarez del Castillo sabían de las irregularidades. El mayor desfalco a Conasupo fue en el rubro de “mermas”, esto es de productos saqueados a la paraestatal, por un billón 414 mil millones de viejos pesos.

Ignacio Ovalle fue director de Conasupo entre 1988 y 1990 y en este sexenio fue designado titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde también la Fiscalía General de la República investiga prácticas de despojo del erario. En tanto, la primera comisión del caso Colosio emitió un informe en agosto de 1997. Los diputados manifestaron su convicción de que el magnicidio “fue producto de una acción concertada” y exigieron a la extinta PGR definir si en el crimen hubo participación intelectual del ex presidente Salinas.