Bogotá. El nuevo gobierno de Colombia radicó ayer ante el Congreso un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la inequidad, una de las más altas del continente. El equipo económico de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria al Legislativo de mayoría oficialista, tras instalarse antier en el poder por cuatro años.

La iniciativa busca “fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva” y reducir las exenciones a “los más pudientes”.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas que ganen más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2 mil 300 dólares) que representan 2.4 por ciento de la población de 50 millones de habitantes.

“El mayor aumento es para unas 34 mil personas” consideradas “ultraprivilegiadas en el sistema tributario colombiano”, agregó Ocampo.

También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo premios de lotería. Con la reforma, el gobierno de Petro aspira recibir 25 billones de pesos para 2023 (273 mil millones de dólares), lo que equivale a 1.72 por ciento del PIB, y 50 billones para 2026 mediante una recaudación más efectiva. Petro llegó al poder con un plan de reformas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga a 39 por ciento de los colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.

En 2021, el gobierno de Iván Duque intentó gravar a la clase media para hacer frente los estragos de la crisis sanitaria, lo que desató violentas protestas que se extendieron por dos meses y dejaron 46 muertos, entre civiles y policías, según la Organización de Naciones Unidas.

Petro se reunió con su homólogo chileno, Gabriel Boric, con quien reiteró su disposición a que su país sea garante en la reanudación de diálogos de paz entre Bogotá y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La vicepresidenta Francia Márquez se entrevistó con la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, a quien pidió más apoyo social para pueblos indígenas y afrodescendientes.

Mientras, Estados Unidos se dijo dispuesto a una “conversación abierta y honesta” sobre la guerra antidrogas con el presidente Petro, que planteó terminar con esa estrategia por considerarla un fracaso, señaló ayer una delegación de Washington.