El mayor costo potencial que enfrenta México por la disputa con Estados Unidos y Canadá en materia energética en el marco del T-MEC radica en oportunidades de inversión perdidas, aseguró UBS.

Sin embargo, no sería la única afectación, señala un documento del banco suizo, pues el proceso de solución de controversias podría dar pie a la imposición de aranceles a modo de represalia y a reclamaciones de otros países con los que tiene tratados.

Enfatizó que para México, las repercusiones irían más allá del sector energético y podrían afectar a una amplia variedad de productos mexicanos, entre ellos las exportaciones agrícolas y de automóviles.

“Asimismo, las políticas energéticas de México podrían contravenir otros tratados internacionales como el Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, lo que conllevaría el riesgo de que otros países también presenten reclamaciones”, advirtió la institución financiera.

Oportunidad perdida

La principal consecuencia viene por el lado de las inversiones que se dejen de hacer, pues las tensiones comerciales entre China y EU, la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania podrían aumentar el atractivo de México como centro manufacturero.

“Además, el riesgo de que se produzca algún desabastecimiento energético en Europa ha supuesto un espaldarazo adicional para el acercamiento de la producción, mejor conocido como el nearshoring”, señaló.

El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que la reubicación de las cadenas de suministro podría aumentar el valor de las exportaciones anuales mexicanas en 35 mil 300 millones de dólares.

Sin embargo, la disputa comercial con sus socios podría empañar la valoración que puedan hacer los inversores sobre México como destino para acercar la producción, y una cantidad insuficiente de inversiones en el sector energético podría entrañar problemas para la disponibilidad de la energía en los próximos años.

Para el banco suizo esta disputa es la primera gran prueba de fuego para el T-MEC desde que entró en vigor hace dos años, donde el debate girará en torno a si las empresas estadunidenses y canadienses se han visto perjudicadas por las políticas energéticas de México o si han recibido un trato justo y equitativo.