Ciudad de México. El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva a la ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga contra la orden de aprehensión que se libró en su contra en octubre de 2020 por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La medida cautelar no implica que el mandamiento judicial haya sido cancelado, es para el efecto de que el juez esté en condiciones de entrar al análisis y estudio de fondo del asunto.

La suspensión definitiva que le otorgó el juez Erik Zabalgoitia Novales en marzo pasado, no imposibilita a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo la orden de aprehensión, debido a que este tipo de mandatos por delitos con prisión preventiva oficiosa no pueden ser suspendidas en su cumplimentación, de darse el caso, la libertad de la ex secretaria de Estado quedaría a disposición del juzgado de amparo.

El impartidor de justicia fijó para el próximo 17 de agosto la audiencia constitucional donde determinará si le concede la protección de la justicia federal.

De acuerdo con la en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, iniciada en septiembre de 2019 a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en 2020 se libraron 11 órdenes de aprehensión contra una red de servidores públicos utilizada para que presuntamente Rosario Robles se beneficiara del desvío de más de 77 millones de pesos durante su gestión como titular de la Sedesol y Sedatu, entre 2012 y 2018.

El nuevo mandamiento fue obtenido en su momento a solicitud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) y fue liberado por un juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El próximo 13 de agosto, Rosario Robles Berlanga cumplirá tres años en prisión en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, sujeta a proceso por ejercicio indebido de la función pública, señalada como responsable de un daño al erario federal por más de cinco mil millones de pesos.