Durante años fue conocido como el magnate sin rostro, dada su distancia de los medios de información. Sólo un selecto grupo de empresarios y políticos conocía físicamente al barón, pues se negaba a ser fotografiado. Paradójicamente, uno de los muchos personajes políticos (Enrique Peña Nieto) que le garantizaron impunidad y jugosos negocios fue quien, en septiembre de 2014, lo presentó en sociedad, tras uno de los acostumbrados chantajes del llamado zar del cobre relacionado con el ecocidio provocado por una de sus empresas, Grupo México, en Sonora. Así, el área de Comunicación Social de la Presidencia de la República lo “desnudó”, y acabó con su anonimato, pero no con sus abusos.
Se trata de Germán Larrea Mota Velasco, un oscuro y mezquino personaje que heredó fortuna, negocios, contactos políticos y la actitud de su padre, Jorge, conocido por los mineros como El Azote, quien, pegado al poder alemanista, construyó un imperio económico que a su muerte, en 1999, pasó al control de su hijo. Cuando ello sucedió, el junior también quedó a cargo de la fortuna familiar, valuada, de acuerdo con Forbes, en mil 100 millones de dólares. De entonces a la fecha, tal patrimonio se multiplicó por 28, según la misma fuente, para sumar, en 2022, 30 mil 800 millones de dólares, todo acumulado, como lo hiciera su progenitor, a costillas del erario y la riqueza nacional, mediante negocios turbios, “facilidades” fiscales, jueces a modo, políticos a su servicio y más de 800 concesiones mineras que amparan millones de hectáreas, otorgadas durante el régimen neoliberal, el cual, de entrada, favoreció al clan con la privatización de Compañía Minera de Cananea, la joya de la corona que le entregó Carlos Salinas de Gortari, no sin antes “limpiarla” financieramente, reprimir brutalmente a los mineros y venderla a precios de remate.
De ser propietario de una constructora de mediano alcance, su padre, Jorge Larrea, pasó siempre de la mano del ex presidente Miguel Alemán y de su círculo del poder político, a ser uno de los amos y señores de la minería en México (junto con otro barón similar, Raúl Bailleres, progenitor del recientemente fallecido Alberto), gracias a la mexicanización de este sector estratégico que llevó a cabo Adolfo López Mateos en 1961. Así, El Azote y unos pocos más se quedaron con el pastel completo, sin dejar a un lado que Salinas de Gortari le garantizó el monopolio del cobre en nuestro país y Ernesto Zedillo hizo lo propio con los ferrocarriles, otrora nacionales.
Eso y más heredó el junior Germán, un empresario racista, clasista, chantajista, excluyente, represor y tóxico, con una práctica laboral similar a la de los tiempos feudales. Sus instrucciones se siguen al pie de la letra, y así se ha impuesto a los gobiernos mexicanos quienes todo le han tolerado: de Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, aunque más generosos aún fueron los de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lo anterior, sin dejar de lado que personajes nefastos han formado parte del consejo de administración del imperio de Larrea, como Luis Téllez (jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y secretario de Energía con Zedillo, y secretario de Comunicaciones y Transportes con Calderón), Carlos Ruiz Sacristán (titular de Comunicación y director de Pemex con Zedillo), Juan Rebolledo Gout (ex secretario particular del mismísimo Carlos Salinas de Gortari, otrora jefe de asesores de otro impresentable, José Córdoba Montoya, y subsecretario de Relaciones Exteriores con Zedillo, para después ocupar la vicepresidencia de Relaciones Internacionales de Grupo México) y Claudio X. González Laporte (salinista contumaz y padre del junior que hoy va de ridículo en ridículo en la política mexicana).
Como parte de su política privatizadora, Carlos Salinas de Gortari vendió Compañía Minera de Cananea (después Minera de Cananea y ahora Buenavista del Cobre) a Grupo México, en ese entonces con El Azote a la cabeza. La firma regiomontana Protexa pujó por la empresa y ofreció 975 millones de dólares. Grupo México sólo 475 millones, y el gobierno se la concedió sin mayores explicaciones. Antes, declaró “en quiebra” al consorcio hasta entonces propiedad del Estado y lo “saneó” para entregarlo “limpio”, financieramente hablando, al nuevo propietario, con otro plus: mutilación del contrato colectivo y despido de trabajadores. Una ganga, y a quienes protestaron, Salinas el “modernizador” les envió el ejército.
Chanchullos por aquí y allá, Larrea incrementó su negro historial, de por sí amplio, con la explosión en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), donde murieron 65 mineros, 63 de los cuales, catorce años después, permanecen sepultados bajo toneladas de roca. Nadie tocó al barón; por el contrario, Fox, Calderón y Peña Nieto lo cubrieron con el manto de la impunidad, y así se conserva.
No sólo eso: en julio de 2007, el Sindicato Nacional de Mineros estalló tres huelgas (en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero) que permanecen sin solución. En los 15 años transcurridos, todos los gobiernos involucrados no hicieron un mínimo esfuerzo a favor de los huelguistas. Bueno, uno sí, concretamente Felipe Calderón, que en 2010 envió a la Policía Federal a reprimir violentamente, reventar la huelga y arrasar con los trabajadores, a quienes desde entonces la compañía impide que trabajen no en ella, sino en toda Cananea. Fue tal el grado de cinismo, que el secretario de Gobernación en funciones (Fernando Gómez-Mont) resultó ser el abogado corporativo de Germán Larrea.
Parece que el barón tiene especial gusto por las denuncias judiciales. Son su pasión y las incrementa de manera sistemática. Al menos, ha sido demandado en México, Estados Unidos y Perú, en especial por los trabajadores dada la permanente violación de los contratos colectivos y el derrame de tóxicos por todas partes. Pero su gusto por ese tipo de pleitos lo ha llevado a ser llevado a juicio por la británica Infund LLP, por “incumplimiento de contrato” (firmado en 2003) por casi 75 millones de dólares (que lo obligaba a entregar 65 millones de acciones del Grupo México). Esa firma inglesa jamás las recibió.
Su vicio por lo judicial no para ahí. En 2009, Grupo México, por medio de su filial Asarco, derramó tóxicos en Texas, Estados Unidos, y de inmediato el gobierno de aquel país cerró la planta productora, lo llevó a juicio y le impuso una multa de mil 200 millones de dólares, algo totalmente contrario a lo sucedido en México, cuando el consorcio de Larrea vertió tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectó la salud de 25 mil personas e inhabilitó miles de hectáreas productivas, pero nadie clausuró la mina, con todo y que se trató del “mayor desastre ecológico en la industria minera”.
Ahora pretende extender los tentáculos de su opulencia En fin, esta es parte de la tétrica historia de un barón a quien debe ponérsele un hasta aquí. No solo es necesario, sino un urgente acto de justicia.
