En México, los fraudes inmobiliarios son un crimen que se puede cometer con relativa facilidad debido a la falta de cuidado o de conocimientos de muchas personas que son dueñas de un inmueble o quieren adquirirlo, pero también por la carencia de sistemas modernos de registro de viviendas por parte del gobierno y la aplicación todavía incipiente de medidas biométricas de seguridad en notarías e instituciones oficiales.

Así lo advirtieron víctimas de este delito y funcionarios de diversos organismos, quienes señalaron que aunque no hay cifras oficiales sobre la magnitud del problema, la posibilidad de que éste siga ocurriendo es alta, pues la usurpación de identidad en la que está basada ni siquiera está tipificada en los códigos penales de todas las entidades del país.

“Temo decirle que usted ya no es el propietario de su departamento”. Así, con una frase lapidaria y seca, Javier Ginda Ramos fue notificado de que el inmueble que por muchos años fue suyo en la colonia Portales Norte, de la Ciudad de México, había sido vendido en sólo tres meses a alguien más por una persona que se hizo pasar por él.

Fue en septiembre de 2021 cuando el hombre fue notificado por un corredor inmobiliario a su servicio que había un “problemita” con su inmueble, el cual quería vender para capitalizar su negocio de venta de materiales de construcción.

Al acudir a la notaría 249 de la Ciudad de México, escuchó una historia que lo dejó frío: el departamento, que estaba debidamente registrado a su nombre, había sido vendido hacía unas semanas, con la intermediación de dos notarios que no percibieron las irregularidades de la operación, en la que se emplearon fondos del Infonavit.

Hasta donde ha podido averiguar, dijo Ginda, el despojo se realizó luego de que un par de personas supuestamente interesadas en comprar el departamento le depositaron 10 mil pesos como apartado, pero a cambio le pidieron una copia de la carátula de las escrituras, del predial y de su credencial de elector.

Aunque la compra no se realizó, los mencionados documentos fueron suficientes para que alguien falsificara su identificación y le diera una carta poder a otra persona que, a su vez, vendió el apartamento en 3.5 millones de pesos.

A casi un año de los hechos, el hombre continúa sin poder recuperar la vivienda, y aunque las autoridades afirman que dicho acto ocurrirá más temprano que tarde, “esto ya me costó una buena lana”.

Consultada sobre el tema, Griselda Martínez Vázquez, directora general de Registros y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indicó que el fraude inmobiliario y la usurpación de identidad son recurrentes en México por la falta de sistemas modernos de registro de propiedades.

Por su parte, Guillermo Escamilla Narváez, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseguró que tanto el Infonavit como las notarías están comenzando a aplicar medidas de confirmación de datos biométricos, pero es una medida que se ha aplicado “hace un par de años” y que no tienen todos los despachos de registro.

Puede consultar una versión extendida de este texto en la página web de La Jornada.