Hoy toma posesión de la Presidencia de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego, un ex guerrillero del M-19, firmante de la paz en 1991 y político de larga trayectoria que logró dirigir un pacto histórico de alianzas políticas variopintas que gravitan sobre una plataforma progresista para la toma del Estado por las urnas. En una de sus últimas declaraciones, advirtió dos retos urgentes con el objetivo de disminuir la violencia en el país, cuyo incremento empieza a perfilar nuevos vientos de guerra: el control de las armas y el mercado de la cocaína. En ambos, un diálogo con México es, más que inmediato, obligatorio.
Por un lado, no es un descubrimiento decir que el flujo de cocaína que surte a Estados Unidos se transforma en una corriente de armas que vía México transita hacia Colombia. Uno de los escándalos más mediáticos fue la operación Rápido y furioso, de la cual se supo gracias a la organización WikiLeaks, de Julian Assange, y que consistió en un plan encubierto entre la DEA, la FBI y la AFT de Estados Unidos con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal de México para usar el flujo de armas a México como estrategia de inteligencia de 2009 hasta 2011, cuando se filtró la información. Con estas armas habría sido asesinado un policía fronterizo de Estados Unidos y se habrían armado ejércitos de traficantes de cocaína en México y hasta de la “Oficina de Envigado” en Colombia. Frente a estos hechos y después del silencio cómplice de dos gobiernos, una primera reacción contra este río de metal en México fue la demanda judicial que entabló la administración de López Obrador contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, con el fin de que éstas se hicieran más responsables a la hora de vender armas y disminuir los daños potenciales que este mercado estaba provocando en México.
Mientras tanto en Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, la reconfiguración del mercado de esta droga tras la desestructuración de los órdenes territoriales de las FARC-EP trajo nuevos retos para la regulación de las redes de producción y tráfico de este negocio. El cambio de reglas, actores, precios, costos y redes de insumos, así como la llegada de nuevos paracaidistas o la expansión de los de siempre, la remergencia de actores armados en Colombia y la necesidad de asegurar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos por los traficantes mexicanos –quienes también traen las armas–, se concreta en violencias contra la población, que van desde la división invisible de ríos, carreteras y caminos en forma de pagos de impuestos o peajes a diferentes actores, hasta el involucramiento directo de actores estatales en la disputa por el control de estas rentas. Transitar de una regulación armada a una menos violenta de este negocio no sólo se resuelve con un proyecto de ley, sino con una negociación, diálogo, sometimiento o acogimiento –y todas las palabras que han surgido en este escenario– con los grupos armados estatales y no estatales que ejercen o disputan poder territorial en el país. Las armas y la cocaína son los ejes centrales de la discusión en Colombia, donde en 2017 se calculó que había casi 5 millones de armas en posesión de civiles, según la Small Arms Survey, de las cuales poco más de 4 millones están sin registrar. No sabemos cuántas armas tienen estos grupos.
Ojalá en América Latina se abran las discusiones, de forma responsable y soberana, acerca de un mercado legal –el de las armas– y otro ilegal –el de la cocaína– que deben dejar de ser letales. Días antes, Gustavo Petro compartió una foto en la que está rodeado de miembros del ejército fuertemente armados, mientras él sostenía dos bastones de mando entregados en su posesión ancestral del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. No es un detalle menor que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, haya recibido dos bastones de mando hace pocos días y que lleva para Francia Márquez y Gustavo Petro de parte de las autoridades indígenas oaxaqueñas. Esta columna se iba a llamar “Posesiones”, pero no, tal vez es necesario hacer notar que el camino para transitar hacia una regulación pacífica de los mercados de coca y de armas, hacia la disminución de la violencia y la justicia soberana en América Latina, está en el encuentro y diálogo de la Sierra Nevada de Santa Marta y de Oaxaca en esos bastones de mando.
* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
