San Cristóbal De Las Casas, Chis., No porque pase el tiempo la situación de los desplazados en el municipio de Aldama deja de ser grave y urgente, señala el cuerpo de abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en conversación con La Jornada.

Reiteraron que existe una “simulación” en el cumplimiento gubernamental de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de (CIDH) otorgó a 22 comunidades tsotsiles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.

Hasta el momento se han registrado siete asesinatos en Aldama y uno más en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por enfermedades y la situación derivada del desplazamiento forzado (en su mayoría personas ancianas, niñas y niños); en estos municipios existen 5 mil 5 personas en desplazamiento forzado, intermitente o permanente.

Las carencias alimentarias y de mínima atención a su salud los han convertido en personas no “vulnerables”, sino crónicamente vulneradas en sus condiciones de vida a causa de agresiones armadas y hasta “bombas” durante ya tres largos años. La huella sicológica, y la casi imposibilidad de recibir educación, hace de los niños y las niñas de entre 12 y 15 comunidades de Aldama un caso de urgente atención humanitaria.

Si no fuera por ciertos apoyos de la sociedad civil, particularmente del Fideicomiso en Pro de la Niñez Indígena (Fisanim), que preside la actriz Ofelia Medina, niños, mujeres y personas mayores de Aldama vivirían en aislamiento total sus auténticas condiciones de guerra. Sus agresores son grupos armados que disparan desde Santa Martha, Chenalhó.

Los pasados 12 y 13 de julio, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño, y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva, encabezaron una misión en la zona. Primero recorrieron las comunidades de Koko’ y Tabak, en Aldama, y al día siguiente Canalumtik, Pom y Chenmut, en Chalchihuitán. “En ambos municipios se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las medidas cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado para permitir la actuación impune de grupos armados”, refiere el Frayba.

Los representantes de las familias desplazadas de Aldama insistieron a su vez en que ante la emisión de las medidas tutelares y cautelares, el Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones, así como sus otras demandas, en las cuales “no existen avances contundentes”. La primera es “liberación inmediata y definitiva de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez”, a quien consideran “preso político”, y que desde abril está en arresto domiciliario, luego de permanecer encarcelado un buen rato.

Ante la previsible inasistencia a los tribunales de los presuntos testigos por los cargos de asesinato imputados a Santiz Jiménez, la causa en su contra se ha desvanecido, pero sigue sin obtener su libertad, como apunta el cuerpo de abogados del Frayba. Las principales exigencias de los indígenas bajo fuego, respaldadas por los demás pobladores de Aldama que les comparten algo de alimento y espacios para protegerse de las balaceras (por ello se habla de “desplazados intermitentes”, que van y vienen de sus casas y parcelas, en constante riesgo de sus vidas) son: “investigación, desarme, detención y castigo al grupo agresor, así como abrir carpetas de investigación”.

Demandan asimismo apoyo humanitario y servicios médicos (incluyendo una ambulancia blindada); arreglo del camino de Cotzilnam a Xuxch’en y de Yeton a Cotzilnam, bajo permanente tiroteo; equipamiento del hospital para atender a heridos y lesionados, así como para la rehabilitación, física y sicológica de los afectados; albergue para desplazados de 12 comunidades.

Según el Frayba, la CIDH “constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia; manifestó también su solidaridad y preocupación por el riesgo a la vida e integridad de las víctimas”.