Guadalajara, Jal., Organismos civiles dieron a conocer que, además de tramitar amparos ante la justicia federal, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que analicen y se pronuncien sobre “las irregularidades” en el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez. Igualmente, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, basada en la falta de cumplimiento de los principios que debieron guiar el proceso.
En conferencia de prensa virtual, representantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Fundación para el Debido Proceso, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, la asociación Tsikini, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos y el Observatorio Ciudadano para el Derecho a la Verdad informaron sus acciones jurídicas y de incidencia realizadas por “la designación ilegal” de la nueva funcionaria.
Indicaron que acudieron a la CIDH con base en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y le pidieron que solicite información al Congreso de Jalisco sobre las condiciones y medidas adoptadas durante el proceso de selección, que se pronuncie al respecto y recomiende reponer el procedimiento.
Acotaron que enviaron un comunicado a la relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawor, a quien solicitaron considerar que la designación de alguien cercana al gobierno estatal “agrava las condiciones para realizar la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco”.
Godínez asumió el cargo el martes pasado, entre críticas al proceso de selección realizado el 21 de julio pasado, luego de que 33 de los 36 diputados locales, bajo la tutela de la mayoría del partido Movimiento Ciudadano, votaron a su favor pese a que burló requisitos de la convocatoria, como no ser funcionaria pública en los dos años previos, y presentó un ensayo –exigido a los 29 candidatos– en el cual utilizó textos previamente publicados sin citar la fuente.
Representantes de organismos explicaron que buscan garantizar el debido cumplimiento de la ley y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
