Activistas aseguraron que la maternidad subrogada es “explotación reproductiva”, así como una violación a los derechos de las mujeres gestantes y, sobre todo, de los niños que nacerán con ese método.

En el encuentro ¿Qué sucede con los derechos de la niñez en la maternidad subrogada?, Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancias en América Latina y el Caribe, advirtió que en un país como México no conviene avalar legalmente los denominados vientres de alquiler, porque podría significar una nueva veta para el crimen organizado.

Recordó que la guerra en Ucrania reveló las “granjas de jóvenes que estaban en programas de empresas internacionales de gestación subrogada” y cómo esos bebés quedaron en indefensión, pues quienes los encargaron y pagaron por ellos no pueden ir a buscarlos.

Asimismo, señaló, llama la atención que las legislaciones de Tabasco y Sinaloa permiten esa práctica como si fuese una técnica de reproducción asistida, al igual que la inseminación artificial o la donación de esperma. Consideró “grave que se esté legislando sin enfoque de género ni de derechos humanos”.

La abogada y activista Nuria González remarcó que “cualquier negocio que se construye sobre la pobreza femenina, la desigualdad y el abuso no tiene ningún derecho a ser reconocido”, y expuso que esto se constituye en una nueva forma de “extractivismo” realizado por los países desarrollados.

“¿Que les queda a los países ricos por extraer y explotar de países como México o Ucrania?: la salud y fertilidad de sus mujeres. México no debería permitir que el extractivismo colonial siga paseándose a sus anchas, ahora con lo último que queda” por saquear.

Tras remarcar que en su país (España) es ilegal esta práctica, aseveró que “los vientres de alquiler son trata de personas”, por lo que debe ser penalizado como tal.

Nora Schulman, del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, coincidió en que la maternidad subrogada debe ser tipificada como ilícito, porque “no existe el derecho humano a comprar a una persona ni a un cuerpo”.

Berta García, de la Coalición Internacional para la Abolición de Explotación Reproductiva, indicó que las empresas dedicadas a esta práctica eligen a mujeres que ya tienen hijos sanos, “pasando por alto el daño sicológico” que se hace a éstos, pues ven embarazada a su madre y luego la ven llegar sola.