Ignoro si los enemigos jurados de las vacunas, en especial las formuladas para combatir covid-19, pero contrarios a todas las demás y al concepto mismo, se cuenten por millones. Más allá del número, difícil de precisar, este variopinto conglomerado, integrado desde fanáticos religiosos hasta por simples desinformados, coincide en este último punto: los mueve, sobre todo y ante todo, la ignorancia. Han logrado, sin embargo, intimidar a un buen número de gobiernos, sobre todo en algunas naciones avanzadas. En las últimas semanas han menudeado las informaciones sobre las concesiones que han conseguido en favor de su causa.
Por fortuna, existen –aunque los medios informativos apenas los aluden y es muy escasa la influencia organizada que les atribuyen– las movilizaciones y pronunciamientos favorables no sólo a la vacunación, sino al conjunto de acciones y medidas preventivas de aplicación muy generalizada en meses pasados. Algunos gobiernos, no muchos, movimientos sociales y organizaciones sociales han retomado y continúan enarbolando la causa de la ciencia en la respuesta global al covid-19 y subrayan muchas de las consecuencias colaterales negativas que traen consigo la continuada insuficiencia de vacunas ante la magnitud de las necesidades y los enormes riesgos que conlleva su distribución, absolutamente desbalanceada. Ésta, podría decirse, asegura que las vacunas disponibles se concentren donde menos se precisan y continúen de hecho inasequibles donde en realidad se les requiere.
Sigue una reseña, breve y muy selectiva, de diversas informaciones sobre unos u otros: los movimientos “antivax” y el tratamiento privilegiado que en muchas instancias han conseguido, por una parte, y, por otra, las voces y acciones favorables a llevar adelante políticas de salud pública basadas en la información y la evidencia científica disponibles, tanto frente al covid-19 como otras dolencias o amenazas.
Para empezar con un ejemplo positivo habría que aludir al caso de Portugal: “Las autoridades portuguesas han decidido extender hasta finales de agosto el estado de alerta vigente y ampliar la vigencia de todas las reglas y prácticas relacionadas, a la luz del incremento observado en casos de covid-19” (Schengenvisanews, 1º/8/22). La ministra de la Presidencia de Portugal, Mariana Vieira da Silva, se sintió impelida a explicitar que “todo mundo continuaba obligado a utilizar la mascarilla facial en el transporte público”, advirtiendo también que dichas acciones podrían reforzarse si las circunstancias de salud pública lo reclaman. Portugal se ha distinguido por una política razonablemente bien orientada. Más que la cifra de contagios, lo muestran las relativas a vacunación. Para mediados de julio, había recibido la llamada “vacunación primaria” (primera dosis) 94.5 por ciento de los residentes adultos (unos 25 millones de dosis); 79.3 por ciento había recibido además un primer refuerzo y 5.9 por ciento también el segundo o, como solía decirse, “el esquema completo”. En otras palabras, ha decidido concentrarse en medidas específicas más que en disposiciones de orden más genérico.
El caso de Francia constituye, desafortunadamente, un ejemplo en el otro sentido, a juzgar sobre todo por las decisiones más recientes, aplicables ya en este verano boreal y orientadas a definir las acciones y medidas diseñadas para hacer frente a la esperada (y temida) oleada del invierno venidero. Desde el 1º de agosto, “todos los viajeros podrán ingresar a territorio francés sin necesidad de cumplir con ninguna de las reglas de acceso, pues el país ha decidido dejar sin efecto todas las restricciones” (ShengenVisaInfo.com, 1º/8/22.) La decisión de eliminar las restricciones de ingreso relacionadas con el covid-19, anunciada por el ministro francés del Interior, dispone que “a todos los viajeros, con independencia del país de origen, dejará de exigírseles, en el momento de arribo, la presentación de certificado de vacunación, recuperación o examen clínico…, y podrán ingresar a Francia con cualquier motivo, sin tener que proporcionar una razón imperiosa que justifique la necesidad [del solicitante] de ingresar a territorio francés”.
La disposición agrega una prevención de importancia: “De acuerdo con la ley, el gobierno retiene hasta el 31 de enero de 2023 la posibilidad de acudir a un ‘freno de emergencia’, por un periodo máximo de dos meses…, en caso de aparición y circulación de una nueva variante de covid-19 que constituya una amenaza severa a la salud o, en los territorios de ultramar, en el caso de saturación del sistema de salud”.
Como resulta evidente, tanto aquellos que se inclinan por dejar sin efecto cuanto antes las medidas y acciones preventivas como los que desean modular o condicionar su retiro parecen, valga la expresión, “no tenerlas todas consigo”. Quizá respecto del covid-19 y sus amplísimas secuelas, directas e indirectas, nadie todavía parece realmente contar ahora con conocimiento suficiente.
