La Paz. Los integrantes del mayor sindicato cocalero de Bolivia exigieron ayer la renuncia del ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, tras dos días de choques con la policía por disputas entre dirigentes rivales por el control del lucrativo comercio legal de coca.

Uno de los grupos en disputa demandó el cierre de un mercado “ilegal” en La Paz y acusó al gobierno del presidente Luis Arce de proteger al grupo que lo administra por razones políticas. Las autoridades han guardado silencio.

“Ya hemos enviado un pliego petitorio, estamos esperando la respuesta del gobierno. No vamos a claudicar. Este mercado es ilegal, por eso queremos que se vaya el ministro”, declaró a medios locales Carlos Choque, representante del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas.

En los dos días de protestas la policía ha impedido el cierre del mercado de coca ubicado a unos metros de otro que defienden los manifestantes. Varios comercios cerraron por el gas lacrimógeno que lanzó la policía.

El conflicto es de larga data: uno de los grupos se ha distanciado del gobierno del presidente Luis Arce, al que acusa de avalar a cocaleros supuestamente ilegales con el propósito de dividir a ese combativo gremio rural.

La sobreproducción derrumbó el precio de la hoja de coca y agravó el conflicto. En Bolivia, este cultivo es legal mientras no supere 22 mil hectáreas para consumo tradicional, pero un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra el Droga y el Delito (Unodc) reveló que los cultivos llegaron a 29 mil 400 hectáreas en 2020.

Según expertos los cultivos ilegales están creciendo por un relajamiento en los controles de vigilancia. La oposición acusa al gobierno de Arce de una ineficiente lucha contra la producción y tráfico de cocaína, de la que Bolivia es tercer productor mundial después de Colombia y Perú.

Según la Unodc, el comercio legal de coca mueve entre 350 y 400 millones de dólares al año, poco más de uno por ciento del PIB. Estimaciones no oficiales aseguran que el comercio de cocaína mueve al menos tres veces más que esa cifra.

Más de 50 mil familias dependen del cultivo de esta hoja, según los dirigentes cocaleros.