Como bomba mediática resulta sobresaliente la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió tres carpetas de investigación en contra de Enrique Peña Nieto, perteneciente a la pandilla neoliberal, “por delitos federales de carácter electoral y patrimonial, así como por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito” que implicarían un sustancioso monto de recursos públicos desviados en su favor y el de sus compinches. Bien, pero…

La acción de la justicia por los innumerables actos de corrupción de los ex presidentes y sus respectivas pandillas durante el régimen neoliberal es una enorme deuda pendiente que la 4T está obligada a saldar, de tal suerte que para ello no alcanza la ya célebre frase de “no es mi fuerte la venganza” ni se requiere una consulta popular para proceder en consecuencia. No hacerlo sería convalidar actos ilegales, especialmente de la delincuencia organizada disfrazada de políticos y empresarios.

La Fiscalía informó del inicio de las indagaciones que, hasta ahora, se enfocan en Peña Nieto, aunque según progresen aparecerán otros implicados, familiares y ex esposas incluidos, porque para embolsarse cantidades multimillonarias, todas del erario, y defraudar a la nación hay que actuar en pandilla. Es de celebrar el anuncio, pero el problema central sobre el avance de todo esto tiene nombre y apellido: el siempre lento titular de esa institución, Alejandro Gertz Manero, quien parece nunca tener prisa (recuérdese el caso de Emilio Lozoya), salvo si se trata de asuntos personales. Y en este caso es crucial la celeridad y solidez del proceso para que no salgan con el clásico pretexto de que prescribieron los delitos y/o se armaron mal los expedientes. Todo ello, sin dejar de lado la podredumbre del aparato de supuesta “procuración de justicia”.

De acuerdo con la FGR, la primera carpeta incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL (de su compadre español Juan Miguel Villar Mir, un franquista contumaz y contlapache de Juan Carlos I, que en México presidía el impresentable José Andrés de Oteyza, del grupo los churumbeles), “tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales; en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. Funcionarios ministeriales señalaron que existen denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales sobre el presunto financiamiento ilícito por parte de la empresa española OHL (ahora Aleatica) a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Esa querella estaba a punto de ser declarada con un no ejercicio de la acción penal en 2019, pero la Fisel consideró entonces que había diligencias aún por realizar y a la fecha no se ha dado a conocer la conclusión del caso” (La Jornada, Gustavo Castillo).

Además, “con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias”, se integra una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen pruebas indispensables para la judicialización del caso (ídem).

Entonces, si este asunto va en serio, trasciende lo mediático y el fiscal se pone las pilas, el resultado de las indagaciones bien podría terminar con Enrique Peña Nieto y su pandilla en algún reclusorio, pero en vía de mientras también deben ser investigados los funcionarios peñanietistas que siempre voltearon para otro lado y todo dejaron pasar, por no hablar de complicidad: cuando menos, de las secretarías de la Función Pública (Virgilio Andrade y Arely Gómez González) y de Hacienda (Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya); la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Guillermo Babatz, Jaime González Aguadé y Bernardo González); la Unidad de Inteligencia Financiera (José Alberto Balbuena, Alberto Bazbaz y Orlando Suárez) y la Procuraduría General de la República (Arely Gómez y Raúl Cervantes, más Alberto Elías Beltrán como encargado de la tienda); el Instituto Federal Electoral (Leonardo Valdés Zurita y –¡sorpresa!– Lorenzo Córdova, actual presidente del INE), y desde luego, a los “hombres de negocios” –nacionales y foráneos– que participaron en el saqueo.

Las rebanadas del pastel

De la Reina del Pacífico, con cariño, para Borolas: “¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era el jefe de García Luna, eran socios? … Calderón ha sido el más cruel y fatal que ha tenido México; asesino y narcotraficante”.