El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano a abandonar el modelo asistencialista y médico de la discapacidad, para que lo sustituya por uno basado en los derechos humanos, y que modifique o apruebe leyes, políticas, medidas financieras y de otro tipo para que esta población pueda vivir de forma independiente en la comunidad.

En sus observaciones finales sobre los últimos informes en la materia presentados por México al comité, pidió también adoptar “sin demora” acciones destinadas a poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad, entre otras cosas, desarrollando una estrategia que incluya plazos específicos, medidas de evaluación y un presupuesto adecuado.

Manifestó su preocupación por “los múltiples informes” que ha recibido de organizaciones civiles en los “que señalan un alto riesgo de muerte para los niños y adultos con discapacidad que residen en instituciones, como resultado de diversas formas de sujeción y tratamiento médico inadecuado en los hospitales siquiátricos, y de la insuficiente asistencia y apoyo profesionales”. Por ello, recomendó al Estado que realice una investigación exhaustiva al respecto y proporcione protección y justicia a las víctimas.

En el documento difundido, el organismo de la ONU igualmente solicitó garantizar el acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad, con medidas jurídicas adaptadas a la edad y con perspectiva de género, así como establecer normas concretas en cuanto a reparaciones efectivas para situaciones de violencia de género; garantizar que los niños con esta condición sean efectivamente escuchados en cualquier actuación que les afecte, y erradicar los estereotipos basados en el género y la discapacidad en el sistema judicial.

También expresó su preocupación respecto de que la legislación estatal “siga presentando graves lagunas” en cuanto a la protección de los derechos de esta población y que contenga un lenguaje peyorativo; además de que el gobierno federal y algunos estados y municipios “no se hayan dotado de leyes que prohíban la discriminación”, en particular de las mujeres y las niñas.

Por ello, pidió que el Estado armonice sus leyes, en particular las de las entidades, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que dote de una legislación en todos los estados que prohíba explícitamente la discriminación múltiple e interseccional.

Respecto a la pandemia de covid-19, recomendó a México que opte por una respuesta inclusiva de la discapacidad.