Ocho años después de que fueron derramados en el río Sonora 40 millones de litros de residuos peligrosos procedentes de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, hecho calificado como el peor desastre ambiental de la minería en el país, aún hay gente que sufre de problemas de salud por la contaminación, pues en el sexenio pasado no sólo no se atendió el daño, sino que ese gobierno lo acrecentó al simular la reparación, señalaron afectados y organizaciones.

El 6 de agosto de 2014 la empresa derramó residuos de una presa de jales en el río Bacanuchi, afluente del Sonora, y desde el principio la atención tardó varios días en llegar.

Para solucionar el problema, el gobierno federal creó el Fideicomiso Río Sonora, en el que Grupo México aportaría 2 mil millones de pesos, pero el instrumento fue cerrado en 2017 sin que hubiera solución a los daños ocasionados por los contaminantes, señalaron.

El actual gobierno diseñó el Plan de Justicia de Cananea para buscar solucionar el problema.

Afectados por el derrame dijeron que su demanda es la instalación 36 plantas potabilizadoras o las que se requieran en la región; atención a la salud para la población damnificada; cumplir el compromiso de crear un centro especializado de salud toxicológica, la emisión de una alerta sanitaria y ambiental para que se atienda el problema y la remediación y reparación del daño causado por Grupo México.

En la videoconferencia “Ocho años de impunidad ante el derrame del río Sonora”, convocada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Omar Arellano, investigador de la Facultad de Ciencias de esa casa de estudios, dijo que se debe revisar el papel de los funcionarios estatales y federales, involucrados entre ellos los entonces titulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Comisión nacional del Agua y Protección Civil”.

Afectados de siete municipios informaron que establecieron los comités del río Sonora para buscar atención al problema.

Antonio Romo, químico biólogo, precisó que el hecho de que los residuos hayan sido acidulados los hace aún más tóxicos. Esas sustancias recorrieron más de 250 kilómetros y pasaron por siete municipios hasta llegar a la presa El Molinito, una de las que surten de agua a Hermosillo.

Patricia Velarde, también de los comités, afirmó que hay gente que ha emigrado debido a la contaminación. En noviembre del año pasado se hizo un levantamiento de cédulas familiares para determinar si en los hogares había personas con sintomatología relacionada con metales pesados. El resultado fue que 99 por ciento de mil 564 muestras tenía altas concentraciones de plomo, arsénico, cadmio y manganeso en la sangre.

Victoria Beltrán, del grupo Poder, sostuvo que en la anterior administración no sólo hubo una catástrofe, sino que se multiplicó con una simulación de arreglo.