El presidente López Obrador extendió ayer un aval general a los sucesos morenistas de sábado y domingo recién pasados al definirlos como una jornada democrática y al focalizar las áreas de conflicto explícito para darles carácter de excepción.

Mario Delgado, el operador, obviamente mantuvo el aire triunfalista, endureció el discurso contra los críticos internos y cavó trincheras en lugar de impulsar la reflexión y la autocrítica.

Lo sucedido no es un asunto menor ni excepcional y no debe ser medido en términos numéricos, de recaudación de afiliaciones. Morena entregó, en estas convenciones distritales, banderas preciadas (la democratización auténtica de la vida nacional, la erradicación de la mapachería) a una serie de factores regionales de poder (los gobernadores, con feudos concesionados a cambio de financiar y garantizar lo federal) que agudizará la vocación por lo faccioso y por las trampas.

Señalar y denunciar tal involución no significa “dar armas al enemigo” ni debe invocarse la sabida cantaleta encubridora de la “unidad a toda costa”. Un movimiento social progresista debe analizar, discutir, criticar y autocriticarse.

En otro tema: el punto de la discordia es que en términos políticos esa propuesta de reforma constitucional en Veracruz parece tener dedicatoria para Norma Rocío Nahle García, la secretaria de Energía del gobierno federal que nació en Río Grande, Zacatecas, en abril de 1964, y ahora busca ser candidata de Morena a suceder a Cuitláhuac García.

No debería haber gran complicación para acompasar la constitución veracruzana a lo que ya sucede en más de la mitad de las entidades federativas y aceptar que alguien nacido en otro estado pueda adoptar la ciudadanía por residencia en otro, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, en el caso en mención, tener “hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.

Pero sucede que en esta ocasión la iniciativa de reforma a una fracción del artículo 11 de la constitución veracruzana fue presentada por morenistas, dictaminada a toda velocidad (a tres días de haber sido presentada), y a la espera de que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar lo que ha sido bautizado como “Ley Nahle”.

En ese contexto, la especulación apunta a que la responsable de lo logrado hasta ahora en Dos Bocas, Tabasco, habrá refinado electoralmente en Veracruz. Por lo pronto, avanza el esfuerzo de quitarle escollos constitucionales.

El sistema político mexicano tiene como pieza custodiada y pertrechada al Presidente de la República, dotado de amplias facultades constitucionales para enfrentar casi cualquier problema institucional que se le presente. Dos piezas de virtual libre aplicación tiene a su alcance: la declaratoria de que algo es de utilidad o interés público o, aún con más fuerza, que algo corresponde al ámbito de la seguridad nacional. Unos para mal y otros para bien, los presidentes de México han podido utilizar estos recursos avasallantes.

Los proyectos más polémicos del presidente López Obrador han sido impugnados por razones técnicas, ambientales y sociales, según cada caso, pero también en varios de ellos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la construcción del Tren Maya, por motivaciones políticas y electorales a cargo de adversarios que paladean la hipotética obstrucción y fracaso de esos proyectos.

Ayer, en tanto un juez federal otorgaba una suspensión definitiva en uno de los litigios relacionados con el Tren Maya, para que no avance la construcción del tramo 5, el Presidente de la República optó por el recurso de la expropiación de tierras, lo cual, aunado a la declaratoria previa de seguridad nacional en el asunto, le debería permitir la continuación de los trabajos. Habrá de verse cómo y de qué manera termina este diferendo trascendente entre legalidad y política. ¡Hasta mañana!

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