Agentes de investigación buscan a Nicias René Aridjis Vázquez, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, quien presuntamente con Luis Vizcaíno Carmona, ex director Jurídico y de Gobierno, ya detenido, encabezaban el cártel inmobiliario de Benito Juárez, lo que a costa de sus cargos les permitió hacerse de forma ilícita de un patrimonio que no correspondía a sus ingresos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que presuntamente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación, pues tan sólo de 2017 a 2020 se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obra nueva.

Además, de acuerdo con fuentes abiertas, se entregaron 412 manifestaciones en 2017, de ellas, 378 para obras nuevas, y en 2018 se reportaron 274, aunque medios periodísticos detectaron que faltaban 282 folios y unos se repetían con distintas direcciones.

Su modo de operar se basaba en un intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios en esa demarcación, indicó.

Debido a sus operaciones, sus jefes inmediatos y presuntamente otras personas de alto nivel jerárquico en la alcaldía y el partido en que militan (PAN) pudieron haberse visto beneficiadas económica y políticamente a expensas de los habitantes de la ciudad, afirmó.

En la gestión de Aridjis Vázquez se otorgaron las manifestaciones de obra nueva y dictamen de habitabilidad de un inmueble en avenida Coyoacán, que en 2021 registró una explosión y donde, de acuerdo con las investigaciones, tiene un par de departamentos, aunque también es poseedor de diversas compañías del ramo de la construcción.

Además, autorizó la habitabilidad de un inmueble en la avenida Emiliano Zapata que colapsó durante el sismo de 2017, apenas a nueve meses de inaugurarse, por lo que Aridjis Vázquez fue suspendido en 2020, aunque ya había sido destituido e inhabilitado en diversos momentos,

Los 39 inmuebles involucrados en este caso ya fueron cateados y están bajo resguardo del Ministerio Público para recuperar el recurso económico, que fue obtenido ilícitamente en agravio de la ciudadanía.