El presidente Andrés Manuel López Obrador pudo hacer cambios en materia energética, pero en el agua es más difícil, hay una “corrupción sistémica en todos los niveles”. Los conflictos por el líquido están en todos lados y desde hace mucho tiempo. La legislación ha favorecido la privatización, las sobreconcesiones a mineras, inmobiliarias, la captura de servicios por el crimen organizado, el auge de embotelladoras y cerveceras, “todo esto puede ser caracterizado como un genocidio”.

Esto advierte Raúl García Barrios, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al agregar que la separación de la política y la economía planteada por el mandatario no se ha logrado en el agua.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) tiene una alta corruptibilidad y el líquido es tratado como mercancía, “es imprescindible para la producción de prácticamente todo”, señala. Además está la privatización de la provisión de los servicios hídricos, incluso para la satisfacción del derecho humano al recurso, “está perfectamente armado el sistema para generar un desastre en el ciclo socionatural del agua”.

Hay miles de concesiones no reguladas para la industria, la agroindustria y la minería; una presión tremenda sobre el Estado de mantenerlas a pesar de que se haya rebasado el límite y “por eso hay alrededor de 150 acuíferos sobrexplotados, hay catástrofes ambientales y sanitarias, la misma sequía, la contaminación con arsénico y fluor en el semidesierto. En la Laguna y por todos lados. Evidentemente, si el agua es la base de la vida misma, tratarla como mercancía en estas condiciones nos lleva a un desastre”, explica.

La crisis es estructural y abarca a buena parte del país, pero en este momento está concentrada en el norte, precisamente donde está asentada la industria y agroindustria que “desata una dinámica particular de manejo de agua: está orientada a la máxima formación de rentas extraordinarias. Poseen una concentración de sobreconcesiones, hay sobrextracción de agua subterránea y un uso no bien planeado de las fuentes del líquido, además de que en esa región y en el centro del país existen áreas de emergencia sanitaria y ambiental”, sostiene.

En entrevista, recuerda que es un problema que “llevamos arrastrando por un buen rato, a pesar de múltiples demandas y mucha lucha social no ha sido resuelto. En este contexto surge esta crisis. Lo que vivimos es una incapacidad acumulada de respuesta, por parte de todo mundo”.

El problema no es la escasez

García Barrios, también coordinador de la comisión técnico científica del Tribunal Latinoamericano del Agua, agrega que “hemos visto que la conflictividad se ha desplazado al norte y centro del país. Son regiones con cierta escasez física natural del agua, pero el problema central no es de escasez, a pesar de que con el cambio climático está aumentando. En realidad lo que tenemos es un problema de disponibilidad de agua”.

Expone que se observan dos tipos de conflictos, unos por despojo efectivo de recursos y derechos básicos por el agua y derechos asociados, como los ambientales, a la salud, pero también conflictos en defensa de estas rentas extraordinarias. Por ejemplo, en Chihuahua la defensa en la producción de nogal contra acuerdos internacionales.

En este contexto, la LAN favorece el agua para megaproyectos, inmobiliarias, megaminería, concentración del líquido para procesos especulativos de fracking, auge de embotelladoras y cerveceras. “La Conagua permite la sobreasignación de concesiones, que organismos y consejos de cuenca sean capturados por intereses, pero además hay exclusión de participación ciudadana efectiva y vinculante, el no reconocimiento de derechos de pueblos originarios, ni de sistemas comunitarios de agua y la falta de consultas a comunidades”.

Dentro de la Conagua reconoce que hay sectores que buscan hacer una transformación, “pero la cultura neoliberal ahí está muy enquistada, todavía se pretende que los grupos privados sigan proveyendo los servicios, lo cual va a desatar la dinámica de rentas extraordinarias. Hay que pararlo. La 4T es un hasta aquí del genocidio”.

Agrega que “tomar control del agua requiere no solamente de acción profunda del Estado, sino de una alianza totalmente novedosa con las organizaciones de base comunitaria del país, como verdaderos actores y gestores directos de las prácticas de manejo del agua”. Hace un llamado a los futuros candidatos a la Presidencia de la República para que hagan el cambio, que el actual gobierno ya no podrá hacer, y tendrá que ser en el sentido establecido por la 4T: separar la política de la economía y “hasta sus últimas consecuencias”.