Hay una idea generalizada de que la comisión legislativa que investiga la posible culpabilidad de Donald Trump en la asonada en el Congreso de Estados Unidos del 6 de enero, en última instancia pudiera beneficiar al Partido Republicano. Si concluye que es culpable, directo o indirecto del intento de golpe, quedaría inhabilitado para postularse como candidato en 2024. De no encontrar evidencias suficientes, se allanaría el camino para su relección, aunque sería difícil borrar la pésima imagen que la opinión pública tiene de su falta de ética y sus sistemáticas mentiras y trapacerías. Por esta razón, en el Partido Republicano muchos estarían de plácemes, pues son conscientes de que a Trump le sería muy difícil vencer a cualquiera que sea el aspirante demócrata en las próximos comicios. La satisfacción sería doble: por un lado, no aparecerían como los villanos que coartaron su carrera ante los fanáticos que aún lo apoyan. Se abriría la puerta a un candidato republicano que, con un bagaje menos pesado, tuviera mayores posibilidades de llegar a la presidencia.
Además, el Departamento de Justicia está considerando la posibilidad de fincar responsabilidades al ex mandatario que pudieran llevarlo a juicio por incitar a la violencia e interferir con el proceso de la transmisión de poderes. El procurador general revisa cuidadosamente las pruebas para determinar si procede en tal sentido. Quiere evitar que se considere que su oficina actúa sediciosamente en favor de un aspirante demócrata. Fue lo que ocurrió cuando, una semana antes de la elección de 2016, el director de la FBI, irresponsablemente y sin consultar con su superior, el procurador general, declaró que Hillary Clinton tenía cientos de mensajes en su computadora personal, comprometedores de su integridad. El resultado es que, a fin de cuentas, se cree que inclinó la balanza en favor de Trump, quien ganó las votaciones.
Al margen de quienes consideran que haber erigido una comisión para indagar la asonada del 6 de enero fue una impertinencia del Partido Demócrata, los legisladores tenían la obligación constitucional de investigar ese hecho. No haber procedido así hubiera sido una grave omisión. Algunos especialistas y formadores de opinión consideran que, con Trump como candidato los republicanos perderían la elección en 2024; con cualquier otro candidato, la moneda estaría en el aire. Aún es temprano, pero no les falta razón.
