Acapulco, Gro., Rodolfo Chávez Galindo, asesor del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), dijo que “sólo está pendiente la firma del presidente de la República para la cancelación del proyecto. El principal triunfo del consejo es que no se hizo la presa porque el pueblo no la quiere”.

En la ceremonia realizada ayer por el 19 aniversario del Cecop, en la cancha techada de la localidad de Cacahuatepec, a orillas del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, Chávez Galindo refirió que uno de los pendientes del país es la presentación con vida de desaparecidos y la liberación de los presos políticos.

Afirmó que la lucha emprendida contra el embalse La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad pretendía construir en el río Papagayo, impidió el desarrollo de los pueblos de la zona.

“Han caído 10 compañeros, se han librado unas 80 órdenes de aprehensión contra sus integrantes y 60 comuneros han sido encarcelados”, afirmó Galindo.

A su vez, el ejidatario Julián Blanco, fundador del consejo, refirió que “han pasado cuatro presidentes y cinco gobernadores (de Guerrero), pero estamos firmes, aunque el movimiento ha padecido mucha represión”.

El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, manifestó: “Estas tierras han sido bañadas en sangre; llegamos a este aniversario dolidos del alma y el corazón”. Dio como ejemplos la desaparición de su hermano, Vicente Suástegui, ocurrida el pasado 5 de agosto de 2021, y la detención del comunero Maximino Solís, quien lleva cuatro años encarcelado.

“Han sido casi dos décadas de opresión, pero no hemos pensado en claudicar. No tenemos miedo. El Cecop seguirá tumbando barreras y derribando concreto”, dijo Suástegui Muñoz.

Reiteró que la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, ambas del partido Morena, “se comprometieron con las comunidades de Cacahuatepec a proporcionarles agua potable”.

Rogelio Téliz, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recalcó: “El Cecop estará vivo por varios años. Las leyes no están hechas para los campesinos. No queda más que resistir y movilizarse”.

Al acto acudieron representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía de San Luis Acatlán, el Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua de Guerrero, ejidatarios de Puerto Marqués, Turisteros en Defensa y Rescate de playa Icacos, el colectivo Rena, el Frente Guerrerense Magisterial Popular y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación.

Al concluir la reunión, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, demandó la liberación de Antonio Barragán, Gilberto Aguirre, Gerónimo Hernández y Orlando Ávila, tres de ellos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas perpetrada el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez.