Torreón, Coah. Habitantes de municipios de la comarca lagunera de Coahuila recurrieron al amparo para garantizar que los gobiernos municipales abastezcan a sus colonias y comunidades de agua potable. El respaldo de la justicia federal para pobladores de Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero llegó justo cuando el desabasto empieza a causar estragos.

De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Hernández, el amparo obligó a las autoridades municipales a garantizar el acceso al líquido como derecho humano vinculante y determinante para otros, entre ellos a la salud y la vida.

También deben llevar agua a las comunidades a través de la red de distribución por tuberías, y cuando esto no sea posible por cuestiones técnicas o la falta del líquido, el abastecimiento tendrá que ser con pipas.

La promoción de los amparos la hizo el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos de Torreón a lo largo de este año, como parte de un “litigio estratégico único en el país”, de acuerdo con Hernández.

El representante legal de la asociación civil dijo que los pobladores recurrieron a esta medida luego de meses de insistir ante los ayuntamientos correspondientes para tener acceso al recurso.

“Esta resolución obliga a los sistemas operadores y a los alcaldes a que garanticen el derecho humano del agua mediante una red hídrica, y si en ese momento no cuentan con las condiciones para hacerlo, será por medio de pipas, para garantizar el llamado mínimo vital, que son 100 litros de agua por persona, diariamente”, expuso Hernández.

Señaló que ante la crisis por falta del líquido y la contaminación del agua con altas concentraciones de arsénico, se incrementaron las solicitudes de apoyo, en especial de vecinos de comunidades rurales, por lo que “se han desarrollado estos mecanismos de defensa para los grupos que consideran vulnerables por no tener acceso.

“En Francisco I. Madero tenemos como 300 (amparos) pero en toda la Comarca Lagunera son más de mil; en San Pedro hay cerca de 400, en Matamoros otros tantos. En Torreón hay una colonia completa, la Villa Florida, que gracias a este mecanismo tiene agua; en Torreón hay una crisis”, detalló.

Como medida urgente para responder a los reclamos, el ayuntamiento de Torreón invirtió este año alrededor de 32 millones de pesos en infraestructura para garantizar a las personas amparadas el acceso al recurso.

Pero no todos los gobiernos locales responden igual a las demandas de los pobladores y a las resoluciones judiciales. En Francisco I. Madero, el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, emanado de Morena, ordenó detener a ejidatarios, activistas y vecinos de la colonia 2 de Marzo, una de las más afectadas, al salir de una reunión de seguimiento a los juicios de amparo.

Policías municipales los subieron a una patrulla y los llevaron a las celdas. En el trayecto, los agentes amenazaron con remitirlos a la Fiscalía General de la República bajo cargos de posesión de drogas.

“Fueron muy claros y recibimos el mensaje: ‘No los queremos en Francisco I. Madero. El presidente está muy enojado porque andan ustedes aquí’. Ellos así lo ven, (que estamos) alborotando a la gente pidiendo agua, como si fuera un tema emocional; es su obligación constitucional y es un derecho”, agregó.

Por los hechos en Francisco I. Madero interpusieron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.