Los nocivos efectos de la guerra en Ucrania han pegado muy fuerte, principal pero no exclusivamente, en las naciones europeas que han seguido la pauta marcada por Estados Unidos y, por lo mismo, decidieron sancionar de forma por demás alocada a Rusia. Por el efecto búmeran los habitantes del viejo continente pagan una creciente factura derivada de las decisiones tomadas por sus respectivos gobiernos, los cuales, ya con la crisis desatada y decididos a agudizar el conflicto bélico, ahora a su población recomiendan cualquier cantidad de sandeces: desde “lavarse sólo cuatro partes del cuerpo” y no utilizar la calefacción, hasta quitarse la corbata “para ahorrar desde el punto de vista energético”.

Las sanciones a Rusia, con la obvia paternidad estadunidense, han generado una crisis energética y alimentaria de peligrosísimas consecuencias, al tiempo que ha estimulado la inflación a niveles no registrados en cuatro décadas, afectado el ritmo de crecimiento económico, el cual también ha sido golpeado por la pandemia, y el nivel de bienestar de la población.

Resulta obvio que si los gobiernos europeos y el papá de la fiesta se aferran a las sanciones aplicadas a Moscú (que, en el cretinismo total, incluyen desde la no reproducción de música y literatura rusa hasta la no comercialización de Matrioshkas en el viejo continente) la crisis, en sus diferentes variantes, sólo se agudizará y podría pensarse que si ellos se quieren hundir, pues muy su derecho. Sin embargo, el problema es que esas alocadas decisiones no sólo golpean a europeos y gringos, sino que tienen efectos desastrosos en todo el mundo.

Es en este sentido que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) subraya que los países de la región “deben fortalecer sus políticas públicas para enfrentar la crisis económica y social por la guerra en Ucrania, pues están ante una desaceleración de la actividad económica, una lenta y desigual recuperación de los mercados laborales y una mayor presión inflacionaria (en especial en alimentos y energía). La conjunción de estos factores agudizará los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria”.

La “distribución” del daño económico resulta desigual, apunta la Cepal: intenso en algunos países e industrias y prácticamente nulo en otros. El grado de dependencia de cada nación en materia de petróleo, gas y otros productos primarios determina los impactos de la ruptura del suministro. No obstante, como quedó claro a partir de la pandemia, las interrupciones, aunque sean menores en una región, pueden generar cortes de suministro importantes en lugares lejanos.

De acuerdo con el organismo especializado, en 2022 “se prevé un crecimiento anual promedio del PIB regional de 1.8 por ciento, con una tendencia a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014-2019 de sólo 0.3 por ciento como promedio anual. La inflación regional, que sigue la tendencia mundial, pasará de 6.6 por ciento en 2021 a 8.1 en 2022. La pobreza aumentaría de 29.8 por ciento en 2018 a 33.7 en 2022, y la pobreza extrema de 10.4 a 14.9 por ciento, respectivamente, lo que implica que 7.8 millones de latinoamericanos estarán en riesgo de caer en inseguridad alimentaria, cifra que se sumaría a los 86.4 millones que actualmente se enfrentan a esta situación en la región”.

Salvo en República Dominicana (-0.2 puntos porcentuales), Panamá (-0.8), Ecuador (-0.7) y Bolivia (-1.4), donde se observarían mínimas reducciones porcentuales de la población en situación de pobreza extrema, en el resto de países latinoamericanos y caribeños (29 de 33) aumentará dicho indicador. En el caso mexicano, en 2022 pasaría de 8.3 a 9.4 por ciento, aunque el caso más complicado es el de Colombia, con un avance de 2.5 puntos porcentuales.

Ante tal panorama, dice la Cepal, “los países buscan mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de productos e insumos. Esta coyuntura representa una nueva oportunidad para dinamizar el proyecto de integración regional, poniendo en el centro la generación de cadenas productivas intrarregionales que reduzcan la excesiva dependencia de proveedores extra regionales”.

Las rebanadas del pastel

A los británicos no se les quita lo pirata: primero robaron reservas venezolanas de oro (valuadas en mil 900 millones de dólares y depositadas en Londres por el gobierno constitucional de Nicolás Maduro) y ahora pretende “regresarlas”, ilegalmente, a la rata Juan Guaidó. Increíble, pero entre ladrones se entienden.