Ciudad de México. El director general Jurídico y de Gobierno entre 2009 y 2016 de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona –cuando fueron delegados los panistas Mario Palacios y Jorge Romero–, fue aprehendido por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que fue puesto a disposición de un juez en el Reclusorio Norte.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) señaló que en un hecho sin precedentes se solicitó y obtuvo de un juez de control órdenes de cateo para 39 inmuebles aparentemente relacionados con el cártel inmobiliario en Benito Juárez, del que presuntamente forma parte el ex funcionario detenido en la colonia Del Valle.
Por la “compleja red creada para el otorgamiento de permisos para la construcción de departamentos, se indaga a varios ex servidores públicos de esa demarcación”, que en su momento se dará a conocer, advirtió la institución.
La FGJ tiene indicios de que Vizcaíno Carmona “a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse y someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, lo que además redundó en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación como del partido político en el que milita”, es decir, el PAN.
Las investigaciones arrojaron que el ex funcionario es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial supera los 30 millones de pesos. La mitad le fue vendida en 2014 en 1.4 millones de pesos, cantidad mucho menor a su costo real en el mercado.
Hasta el momento, el personal ministerial de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como policías de investigación han realizado 21 cateos y 10 inmuebles ya se encuentran resguardados por el agente del Ministerio Público.
La dependencia indicó que “varios domicilios cuentan con arrendatarios, quienes quedaron como resguardantes para que una vez que concluya su contrato sea asegurado por la autoridad ministerial”.
La vocería precisó que “uno de los inmuebles inspeccionados es rentado por el actual diputado del Congreso de la Ciudad de México”, el coordinador de los legisladores panistas, Christian Von Roerich, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2015 a 2018.
Uno de los inmuebles del que vecinos de la calle Castilla, en la colonia Postal, denunciaron que superaba los niveles permitidos. Foto Cristina Rodríguez.
En un videomensaje, la FGJ expuso que el detenido pudo haber realizado desalojos y ha sido investigado por el partido político en el que milita por una supuesta extorsión a empresarios, “a quienes en 2015 posiblemente solicitó dinero a cambio de permitir la realización de una carrera deportiva”.
Rocío González Alvarado
El auge inmobiliario en la ahora alcaldía Benito Juárez se desbordó durante las gestiones de los panistas Mario Palacios y Jorge Romero, cuando en esa zona se concentró el mayor número de permisos de construcción y abundaron las quejas vecinales por la proliferación irregular de construcciones en la que el común denominador era no contar con licencia de suelo y con niveles mayores a los permitidos, así como la demolición de inmuebles dentro del catálogo valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el derribó ilícito de árboles y afectaciones a viviendas contiguas.
De 2009 a 2012 comenzó el boom de las edificaciones, luego vino la torre Mítikah, en el pueblo de Xoco, entonces conocida como Ciudad Progresiva; con esa obra arrancaron también una serie de complejos de hasta 18 niveles, como las llamadas City Towers.
En ese trienio, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió una recomendación a la delegación Benito Juárez por contar con 60 denuncias por construcciones que violentaban el uso de suelo, entre las que destacaban la de Calle 25 número 99, colonia San Pedro de los Pinos, de la inmobiliaria Grupo Lonai; Ixcateopan 254, colonia Santa Cruz Atoyac, y en tres más de la colonia Extremadura Insurgentes: Cerrada Empresa 5, de inmobiliaria Punta Extremadura de México; Millet 22, de Isidoro Romano Metta y Copropietarios, y Millet 39, de Grupo Constructor Rouz.
En el trienio (2012-2015) siguiente se supo que Grupo Rouz había vendido al titular de la demarcación, Jorge Romero, un departamento de lujo en un millón 600 mil pesos, precio mucho menor al valor real en el mercado.
En ese entonces, la delegación Benito Juárez se negó a informar sobre las autorizaciones otorgadas a dicha empresa con el pretexto de que habían sustraído la computadora con los archivos.
En la gestión del panista, en enero de 2014, se tiró lo que fue el edificio de la octava delegación de policía del antiguo pueblo de La Piedad, que se ubicaba en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, colonia Narvarte, para ampliar la plaza comercial Delta; el inmueble, que databa de 1945, debió ser protegido por su valor arquitectónico.
El número de permisos para desarrollos inmobiliarios y las empresas beneficiadas siempre se han mantenido en la opacidad con diferentes argucias, como se documentó en 2014, cuando la delegación recibió mil 808 solicitudes de información pública relacionadas con la expedición de licencias en las que no se respondía a lo solicitado o se remitía a consultar los expedientes uno por uno en cientos de cajas.
