Ciudad de México. Ante la escalada de precios de casas habitación, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados planteó una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prohibir la especulación inmobiliaria y preciar que los estados definan el costo máximo de un inmueble, tomando en cuenta el valor real del suelo.

La especulación de la tierra eleva los precios y la imposibilidad de comprar vivienda nueva, en un contexto donde lo relevante en la construcción es el interés de los inversionistas, y no el de las personas, planteó la presidenta de la comisión Lilia Aguilar Gil (PT).

“La especulación inmobiliaria aparece e influye directamente en la forma en que se perciben y conforman las ciudades; genera división social del espacio, y beneficia sólo a quienes ya son propietarios y a los agentes económicos implicados en la producción inmobiliaria”, expresa en la propuesta.

El contexto es tal, que quienes poseen un inmueble difícilmente podrían recompensar su propia vivienda, además de que tendrían dificultades para comprar otra similar en caso de vender la propia, señala.

La propuesta resalta que, de forma paralela, se acentuó la escasez de vivienda social, fenómeno que ha obligado buena parte de la población a retirarse de los grandes centros urbanos y realizar grandes desplazamientos, con alta dependencia del transporte público, escenario que genera otras problemáticas de movilidad y deterioro ambiental, así como la disminución de la calidad de vida de la población en general.

Más aún, resalta que el encarecimiento inmobiliario se apoya a menudo en las políticas urbanísticas y económicas gubernamentales, pues la administraciones apuestan a obtener ingresos muy superiores en un futuro, derivadas de la renta o venta de un inmueble o suelo que se mantiene en desuso o subutilizado.