En Oaxaca hay, por lo menos, 425 concesiones mineras que abarcan en su conjunto 6 millones 350 mil hectáreas, con el agravante de que ninguna fue consultada ni autorizada por las comunidades afectadas, denunciaron habitantes de los pueblos chontal, chatino, zapoteco, ñu saavi, mazateco, chinanteco y zoque del estado y otomís residentes en la Ciudad de México, quienes exigieron la cancelación inmediata de las concesiones.
En asamblea en Santa María Zapotitlán, los pueblos del Congreso Nacional Indígena (CNI) acusaron que los megaproyectos y el extractivismo “generan despojo, represión, explotación y desprecio” en sus territorios, y que la estrategia para imponerlos es la simulación de asambleas y falsas consultas en las comunidades.
La oposición a esta cesión territorial no es nueva, ni la resistencia. Hoy, como desde hace décadas, los pueblos continúan rechazando la explotación de sus recursos y se declaran en “alerta máxima” por lo que consideran una aceleración de los proyectos de desarrollo establecidos para el sur-sureste mexicano, los que nunca llegan solos, por lo que desde Santa María Zapotitlán, comunidad chontal del sur de Oaxaca, vino la exigencia del cese inmediato de los asesinatos de los y las defensoras del territorio y el fin de la criminalización y violencia contra quienes se oponen a ese supuesto desarrollo.
“Los pueblos chontales exigimos a la Secretaría de Economía que retire de su cartografía minera la concesión denominada Zapotitlán 1 y que se respete la libre determinación de las comunidades contra la imposición de la industria minera”, señalaron en un comunicado en el que responsabilizaron a la empresa Continuum Resources y a los gobiernos estatal y federal de los ataques de grupos paramilitares a la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, donde, además de la destrucción e incineración de sus viviendas y cultivos, “se sostiene una agresión constante con armas de alto poder contra la población” para dar paso a la extracción minera.
“Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo”, como dijo Berta Cáceres, defensora hondureña asesinada.