El gobierno federal clasificó como “asunto de seguridad nacional” la emergencia por el desabasto de agua potable que desde hace tres meses enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Así lo establece el decreto presidencial publicado en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación.

Por primera ocasión, debido a un asunto de causa pública, las autoridades tomarán el control de las concesiones privadas a fin de hacer frente a la crisis, que se extiende a 18 municipios del estado.

El documento establece el plan de acción inmediata para atender esa problemática a fin de dotar del recurso al uso público urbano y doméstico de las zonas perjudicadas.

“Por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano”, asienta.

Por tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá celebrar los convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales que se requieran para el cumplimiento del decreto.

“Los volúmenes de agua que sean objeto de las medidas establecidas en este decreto se entregarán directamente, desde el punto de extracción en la infraestructura del concesionario a la red de distribución, en coordinación con el organismo operador del estado, en tanto subsista la emergencia para lo cual se deben realizar las acciones y medidas técnicas necesarias”, añade.

Dicha cantidad del recurso deberá ser contabilizada mediante la instalación de aparatos de medición, los cuales quedan a cargo del organismo operador de Nuevo León. La instancia local cubrirá el pago de derechos conforme a la cuota de uso público urbano prevista en la Ley Federal de Derechos, respecto de los volúmenes aprovechados.

En tanto, los concesionarios estarán liberados del pago por los derechos de agua mientras se prolongue la aplicación de estas acciones. Una vez que se resuelva la escasez, los usuarios privados podrán disponer del total del volumen asignado en sus respectivas concesiones.

Plan de apoyo para el abasto

Como medida adicional se establecerá un plan de apoyo para el abasto del recurso mediante la utilización de carro-tanques operados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, el gobierno federal coordinará las medidas necesarias para el financiamiento y la ejecución de la presa Libertad y de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo; y dará apoyo administrativo para la perforación de pozos emergentes.

Estas acciones se aplicarán en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Juárez, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, General Zuazua, Salinas Victoria, El Carmen, García, Pesquerías, Santiago, Aramberri, Doctor Arroyo, General Terán, General Zaragoza, Hualahuises, Linares, Mier y Noriega, y Montemorelos y otros que resulten afectados.

El decreto entrará en vigor a partir de hoy sábado y tendrá una vigencia de seis meses, aunque estará sujeto a la subsistencia de la emergencia hídrica.