Ante la posibilidad de que no se apruebe una reforma constitucional en materia político-electoral, deben realizarse modificaciones en las leyes secundarias para mejorar la fiscalización de los partidos, impedir el financiamiento a campañas por el crimen organizado y los poderes fácticos, y reducir el costo de la democracia, consideraron ayer académicos universitarios y consultores políticos.
Al participar en el foro 2 del Parlamento Abierto para la Reforma Político-Electoral, pidieron al Congreso legislar sobre aquellos temas en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido que emitir lineamientos y criterios debido a la inacción de los legisladores. Entre ellos se encuentra la inclusión de las minorías en las candidaturas y la relección.
Segunda Vuelta
Durante el encuentro celebrado en la Cámara de Diputados en el que se analizó la segunda vuelta electoral, la mayoría de los expertos se pronunció en contra de ese mecanismo.
Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral; Javier Rosiles, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Jorge Aljovin, consultor político, se manifestaron en contra, con matices, porque entre otras razones reduce el pluralismo al concentrar la competencia electoral en dos polos y genera una legitimidad cuestionada porque es artificial.
Para que funcione, el voto tendría que ser obligatorio, subrayó Cárdenas, mientras Arturo Ramos, académico de la Escuela Libre de Derecho, se dijo a favor, ya que ayuda a superar la carencia de legitimidad de los ganadores en las contiendas e incentiva el acuerdo político. No obstante, la segunda vuelta no debe ser gratuita, tendría que activarse de manera excepcional y no cuando la diferencia entre los competidores sea de al menos seis puntos.
Rosiles estimó que este mecanismo sería la única posibilidad que tiene la oposición de ganar los comicios presidenciales de 2024, al externar su rechazo porque, argumentó, genera un gasto innecesario y que la ciudadanía ya no quiera participar en una segunda elección.
Jorge Aljovin precisó que no es momento de hablar de la segunda vuelta, pues primero hay que priorizar la solución de aquellos temas que generan conflictos poselectorales. Por ejemplo, hay que ver que haya una fiscalización en tiempo real y detectar el origen del financiamiento privado. Esto último no lo puede hacer solo el INE, se requiere la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El ex consejero electoral coincidió en el fortalecimiento de esos últimos tópicos para tener elecciones libres y auténticas. Después de resolver esos temas prioritarios, pueden darse el lujo de pensar en la segunda vuelta electoral.
Compra de votos
Resaltó además que es una realidad la compra de votos en algunas regiones, pueblos y colonias del país y que el crimen organizado paga campañas o evita que candidatos participen.
Jaime Cárdenas también se refirió a la inacción del Congreso para reformar o emitir leyes secundarias relacionadas con temas electorales. Debe legislar para que el INE y el tribunal electoral no tengan que estar regulando cosas que no les corresponden, enfatizó.
