El más reciente ejemplo de desencuentro entre un segmento crítico de la sociedad y una fiscalía “de justicia” se ha dado en Jalisco, luego de la difusión oficial de una línea a investigar sobre una presunta agresión a sí misma de Luz Raquel Padilla, madre y cuidadora de un pequeño con autismo, la cual falleció a causa de quemaduras que según la versión inicial le habrían causado personas molestas por los ruidos provocados por el niño en sus momentos críticos.

El fiscal soltó imágenes y presuntos testimonios de que Luz Raquel habría comprado dos botellas de alcohol y un encendedor, parte de lo cual “correspondería” con lo encontrado en el lugar de su muerte, aunque insistió en su reporte a la prensa en que ello no implicaba una “revictimización”. Ante las fuertes críticas a esta postura del fiscal Luis Joaquín Méndez, el gobernador Enrique Alfaro salió en apoyo del funcionario impugnado y señaló que el caso está siendo aprovechado por “algunos vividores de la política para lucrar políticamente.”

Antes, en Nuevo León, se pudo ver a una fiscalía estatal sumamente criticada por la enorme ineficacia en la investigación del caso de Debanhi Escobar, la joven a la que se pretendió dar por muerta en una caída en una cisterna, y por el papel que esa oficina cumplió en el intento de desacreditar a la joven, con la complicidad de medios regiomontanos y nacionales. En pleito con el alicaído gobernador Samuel García, este fiscal coincidió en cuanto a incumplimiento de expectativas.

En Veracruz, Jorge Winkler fue abogado de Miguel Ángel Yunes Linares (gobernador a nombre del PAN, de 2016 a 2018) y, como parte de esa facción, fungió como fiscal estatal de 2016 a 2019. Ahora ha sido encarcelado bajo acusación de varios delitos. Winkler fue persecutor de Javier Duarte de Ochoa, a quien se sentenció por una pizca de su carga criminal, y de varios ex funcionarios de esa administración delictiva, aunque todos están en libertad por fallas procesales.

En términos generales, la simulación de “cambio” que ha implicado el pasar de procuradurías a fiscalías, y dotar a éstas de “autonomía”, ha sido un chasco. Los gobernadores en turno han puesto a subordinados para que sigan cumpliendo instrucciones y muchos han intentado darles una duración transexenal que los siguientes mandatarios han combatido, al entenderla como una maniobra de los anteriores para que “sus” fiscales les cuiden las espaldas.

Hay múltiples ejemplos estatales. Ahí está Guanajuato, donde Carlos Zamarripa lleva 13 años de fiscal y uno de sus principales logros es que esa entidad suele estar en los primeros lugares a escala nacional en cuanto a homicidios (a Zamarripa le quedan aún seis años en el cargo: sumaría 19 como fiscal, gracias a la mayoría panista en el Congreso estatal).

O el caso de la Fiscalía General de la República, a cargo de un personaje, Alejandro Gertz Manero, que aboga con extraordinaria velocidad por los asuntos en que tiene interés personal y mantiene velocidad de tortuga en casi todo lo demás.

El cambio de etiquetas no implica el cambio en la calidad de un producto tan deteriorado y corrompido como han sido las procuradurías de justicia. Con su nomenclatura de presunta novedad, las fiscalías constituyen hoy uno de los grandes retos a resolver, uno de los principales obstáculos en la aspiración de justicia.

Astillas

Tamaliza de chipilín a empresarios convidados en Palacio Nacional a comprar voluntariamente cachitos de lotería por millones de pesos para el sorteo del 15 de septiembre, cuyas ganancias serán destinadas a una presa en Sinaloa, para cuyo término se plantea una coinversión público-privada (en la que participarían varios de los empresarios compradores de cachitos)... Y, mientras este sábado y domingo se cumple en Morena con la recaudación de votos para designar consejeros distritales, sin deliberación alguna y con puerta abierta a acarreos, compra de votos y otras marrullerías clásicas, ¡hasta el próximo lunes!

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