La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al partido Morena modificar la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario en lo respectivo a las personas que podrán votar por los consejeros en los congresos distritales, que se realizan este fin de semana, con el fin de que sean únicamente quienes se encuentren afiliadas o bien las que realicen su proceso en los centros de votación.

En sesión pública, en la que participaron cinco de los siete magistrados, también se confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia de la sala regional especializada que determinó la difusión indebida de propaganda en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de revocación de mandato por parte de Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado. Por ello se les impuso una multa de 33 mil 677 y 24 mil 55 pesos, respectivamente.

Sobre la modificación a la convocatoria para el Congreso Nacional de Morena –que se celebrará el 17 y 18 de septiembre próximos–, el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez, aprobado por mayoría de votos, tuvo como origen el recurso de un militante que impugnó la resolución por la cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido declaró infundados los agravios relacionados con vicios formales y sustantivos en el padrón para celebrar el proceso de renovación y la acreditación de la militancia, entre otros.

El magistrado Indalfer Infante, quien estuvo en contra de la medida, consideró que si en la convocatoria Morena incluía como votantes a aquellos que cuentan sólo con un formato de registro como militante, aunque todavía no se haya llevado a cabo ese trámite, es porque “acepta su responsabilidad en cuanto a que no ha podido llevar a cabo este registro, es decir, no es culpa de los ciudadanos que han presentado sus solicitudes, que han elaborado su formato”, sino del propio partido.

El TEPJF también revocó parcialmente la determinación dictada por la CNHJ, a efecto de que se emita una nueva en la que se analizará el cumplimiento del mandato de paridad de género horizontal, así como las medidas para garantizar el acceso a cargos de dirección a miembros de la comunidad LGBT+.

También por mayoría de votos, la sala superior vinculó al Congreso de la Unión a aplicar las medidas necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.