Si hay algún asunto que hoy merezca ser considerado de seguridad nacional es el del agua. Todos los días una comunidad, organización o movimiento de protesta se manifiesta al respecto. El agua es demanda recurrente de la acción colectiva y motivo de enfrentamientos cada vez más frecuentes. La crisis hídrica, su relación con el cambio climático, su impacto en el desplazamiento de personas y comunidades y en la seguridad alimentaria, es el problema de nuestro tiempo.

En Chihuahua 95.5 por ciento del territorio de la entidad, 64 de 67 municipios, estaba el pasado 22 de julio en situación de sequía severa, extrema o excepcional. Baja California, Sonora, Coahuila y Aguascalientes tienen más de 90 por ciento de su territorio en la misma situación y, según el Monitor de la Sequía, 47.5 por ciento del territorio nacional padece falta de agua.

La situación hizo que la Conagua, y la Semarnat decretaran el inicio de una emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en las cuencas del país, vigente a partir de este 13 de julio. Las acciones más importantes de este plan emergente son pedir a los propietarios de títulos de concesión de aguas para uso industrial o agrícola cedan volúmenes importantes del líquido para inyectarlas a las redes de distribución de nuestras sedientas ciudades, en coordinación con los organismos operadores de los sistemas de agua potable y la Conagua.

A cortísimo plazo, medidas como la anterior parecen adecuadas para hacer frente a la crisis hídrica, pero deben ir acompañadas de otras acciones urgentes en el ámbito agroalimentario. Es necesario evitar que los efectos de la sequía dañen nuestra de por sí averiada capacidad de producir alimentos básicos. Se requiere poner en marcha desde el gobierno programas para evitar que la sequía provoque mortandad o ventas de pánico de hatos ganaderos por parte de los pequeños productores, y venta o renta de parcelas por parte de los agricultores, sobre todo del sector social. La concentración de hatos ganaderos y de tierras en manos de productores ricos va a provocar que se produzcan menos alimentos para el consumo interno y más para la exportación. Además, hay que evitar que se dispare el precio del frijol y de otros granos básicos cuya superficie sembrada se ha derrumbado por la sequía en estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua, incluso estimulando su producción con un precio de garantía más alto. Si no se actúa ya, habrá más inflación de la canasta básica y hambruna en algunos lugares. El agua no aguanta más.

No es exageración. Hace casi dos años en estas mismas páginas advertíamos de la megasequía que se está abatiendo sobre el oeste de Estados Unidos y el noroeste de México, la peor desde el año 800 de nuestra era. (https://bit.ly/37TfrXg) y por todos lados surgen voces y, peor aún, hechos que nos muestran que la realidad es peor que los cálculos más pesimistas. Este verano el planeta vive entre llamas: incendios forestales en Estados Unidos, México, España, Portugal, Francia, Grecia, norte de África. Temperaturas altas récord en Europa, incluyendo el siempre húmedo y fresco Reino Unido, canícula inclemente que, aunada al calor de los incendios forestales, ha desplazado cientos de personas y ha hecho que otras perezcan.

Si bien no podemos desde México establecer cursos de acción para mitigar esta crisis de calentamiento planetario, tenemos que avanzar en lo que sí podemos hacer en el país. Es necesario establecer plazos y fechas perentorias para llegar a acuerdos consensuados sobre medidas eficaces ante la crisis hídrica entre todos los sectores del país. Y de no alcanzarse, por seguridad nacional, son los poderes del Estado quienes deberían imponerlos.

Por lo pronto se hace necesario revisar las concesiones de aguas nacionales. Que la nación rescate aquellas en manos de empresas que las acaparan para usos no estrictamente esenciales, como podrían ser las embotelladoras de agua, los cultivos no prioritarios para la soberanía alimentaria, las granjas y establos de ganadería industrial. Por enésima ocasión debería exigirse a la Conagua que cierre los miles de pozos ilegales que hay en el país y que vigile que se extraiga de los casi exhaustos acuíferos solamente el volumen que les ha autorizado.

Ciertamente estas acciones no son tan sencillas, pues además de ir contra derechos adquiridos pueden impactar en el cierre de fuentes de empleo. Pero no por eso deben dejar de discutirse y de implementarse. Por eso es necesario un diálogo de Estado no sólo con los actores productivos, sino también con los usuarios del agua y los consumidores, para consensuar acciones, formas y tiempos.

La lumbre no sólo nos está llegando a los aparejos, sino también a los bosques, a los termómetros y a la comunidad de los seres vivos. Ahorita, a corto y a mediano plazos, las acciones para garantizar el agua para consumo humano y para la seguridad alimentaria son cuestión de seguridad nacional en el sentido pleno de la expresión. Si no se adoptan, no habrá largo plazo, pues, como dicen que dijo Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos.