En caso de que no se pueda aprobar una reforma constitucional en materia político-electoral, académicos universitarios y consultores políticos plantearon modificar leyes secundarias para mejorar la fiscalización a los partidos políticos y la coordinación entre instituciones para impedir el financiamiento a campañas del crimen organizado o de los poderes fácticos, así como reducir el costo de las elecciones.

Durante el foro 2 del parlamento abierto para la reforma electoral, que se realiza en la Cámara de Diputados dedicado al tema de la segunda vuelta electoral, la mayoría de los ponentes se pronunció en contra de ese mecanismo.

Jaime Cárdenas, ex consejero electoral; Javier Rosiles profesor de la UNAM y Jorge Aljovin, consultor político, se manifestaron en contra porque reduce el pluralismo al concentrar la competencia electoral en dos polos, crea alianzas partidistas forzadas y no por convicción y genera una legitimidad cuestionada porque es artificial, además de que tiende a la reducción de partidos.

Para que funcione, el voto tendría que ser obligatorio, subrayó Cárdenas, mientras el académico de la escuela Libre de Derecho Arturo Ramos se manifestó por la segunda vuelta ya que ayuda a superar la carencia de legitimidad de los ganadores en las contiendas e incentiva el acuerdo político. No obstante la segunda vuelta no debe ser gratuita, tendría que activarse de manera excepcional y no cuando la diferencia entre los competidores es de al menos 6 puntos.

Javier Rosiles estimó que este mecanismo sería la única posibilidad que tiene la oposición de ganar los comicios presidenciales de 2024, al manifestarse en contra porque genera más gasto y que la ciudadanía ya no quiera participar en una segunda elección.

Jorge Aljovin expuso que no es momento de hablar de la 2ª vuelta, pues primero se debe priorizar la solución de aquellos temas que generan conflictos postelectorales. Por ejemplo hay que ver que haya una fiscalización en tiempo real y detectar el origen del financiamiento privado.

Jaime Cárdenas resaltó que primero es preciso resolver temas prioritarios para garantizar elecciones libres y auténticas; después de ello, nos podemos dar el lujo de pensar en la 2ª vuelta.

Es una realidad, continuó, que los votos se compran en algunas regiones, pueblos y colonias y que el crimen organizado paga campañas o evita que candidatos participen.

Dijo además que el congreso ha caído en la inacción y debería legislar para que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no emitan criterios sobre cosas que no le corresponden y que van más allá del alcance de la ley.

Entre ellas, Aljovin enumeró la inclusión de las minorías en las candidaturas y el padrón de quienes han caído en violencia de género. Consideró que hay que apostar a menos moratoria y menos silencio y a una mayor participación y deliberación.