El presidente de la República anunció ayer el paso a la etapa superior de la austeridad en el gobierno: la pobreza franciscana. En principio, a reserva de lo que se informe hoy, luego de que el tabasqueño se reúna con su gabinete para informarle de las nuevas medidas, se perfila lo que en otros momentos se denominaría “apretarse el cinturón”: virtual supresión de viajes al extranjero (salvo lo indispensable) y menos disponibilidad de recursos para la operación de secretarías, direcciones y demás estructura burocrática de nivel ejecutivo.

Ya lo había apuntado a dos meses de haber tomado posesión del cargo, el 1º de febrero de 2019: “Estamos en la austeridad republicana y, si se necesita para transferir todos los fondos al pueblo, para que haya desarrollo, trabajo y bienestar, el gobierno va a entrar a una fase superior, vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, nada de derroche”. La referencia más reciente fue el pasado 2 de junio. Así que nadie puede llamarse a sorpresa.

La opción franciscana tiene como marco político de referencia el largo diferendo con servidores públicos de primer nivel, no del Poder Ejecutivo, que tienen ingresos de dinero público por encima del propio Presidente de la República. Ya el procurador de la Defensa del Consumidor, Ricardo Sheffield (a quien tumbaron a varios de sus subordinados inmediatos por irregularidades no esclarecidas, para ser sustituidos por enviados de Adán Augusto), había preparado el terreno esta semana, al dar a conocer en la mañanera un “quién es quién” en esos cobros privilegiados.

Al contrastar estas medidas de austeridad extrema del aparato obradorista con la reticencia de otras áreas del Estado mexicano (el instituto electoral y el aparato judicial de élite, por ejemplo), López Obrador agrega banderas políticas a la campaña presidencial de 2024 que está en marcha aunque, para evitarse complicaciones legales, se disfrace o niegue.

Un punto importante en este rediseño de las erogaciones de la administración pública federal es el relacionado con el adecuado y suficiente suministro de obras y servicios a una población que ha visto complicarse el acceso satisfactorio a rubros como la atención médica y la disponibilidad de medicamentos, la seguridad pública (aunque el presupuesto para las fuerzas armadas sí ha crecido) y otros temas socialmente sensibles.

Hay una ola de comentarios críticos sobre la operación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que parece olvidar las hechuras corruptas y perniciosas de Vicente Fox Quesada (responsable de la construcción de dicha terminal) y magnifica los problemas para tratar de cobrar cuentas al gobierno obradorista por la cancelación del proyecto peñista de Texcoco.

Pero, recuerda Ximena Garmendia, quien fue trabajadora de una aerolínea mexicana y luego se ha especializado en periodismo de temas aéreos, “desde que se entregó la terminal 2, desde el momento en que las autoridades hicieron entrega de esta nueva terminal, se detectaron innumerables fallas: en lo que es el aeropuerto, en el propio edificio terminal. Desde cañerías mal colocadas, la cimentación mal hecha, las salidas de emergencia mal diseñadas; hay rampas que tratan de esconder desniveles y se produjeron daños en el sismo del 19 de septiembre de 2017, que las autoridades trataron de ocultar”.

Garmendia, responsable del blog Sobrecargo Informa y columnista de SDP Noticias, considera que sí hubo corrupción en la administración de Vicente Fox en cuanto a la terminal 2. El Presidente de la República ha dicho que lo hecho en esa obra estuvo mal y se ha anunciado el propósito de investigar lo sucedido. Mientras tanto, Fox sigue asestando errores de ortografía y de lógica en un desesperado tuiteo contra “López” y sus políticas.

Y, mientras el Presidente de la República ha cenado con empresarios en Palacio Nacional, ¡hasta mañana!

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