Ciudad de México. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) vinculó al Congreso de la Unión a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.

El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, aprobado por mayoría de los presentes, con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso, tiene como origen los juicios que presentaron tres ciudadanos en los que alegaron, principalmente, que el Congreso de la Unión no ha emitido normas sobre la obligación de los partidos políticos de postular a personas con discapacidad en cargos de elección popular, así como para ocupar puestos en los órganos de dirección y estructura partidista.

La Sala Superior declaró existente la omisión del Congreso de la Unión, al determinar que tiene la obligación, conforme a los tratados internacionales, de garantizar los derechos políticos de esta población para que accedan a cargos de elección popular y públicos, en igualdad de condiciones con los demás, así como de crear un ambiente para que ese grupo participe plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.

Las medidas que el Congreso considere necesario implementar relacionadas directamente con el próximo proceso electoral 2023-2024, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Asimismo, los magistrados vincularon al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que remita al Congreso de la Unión los estudios y análisis elaborados para determinar la eficacia de las acciones afirmativas implementadas para el proceso electoral federal 2020-2021.

Soto Fregoso argumentó que no acompañaba lo resuelto al considerar que, la competencia de esta Sala Superior no se actualiza para conocer de omisiones legislativas atribuidas al Congreso de la Unión.