A cinco años de que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones sobre el feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, hay un retraso importante en su cumplimiento y el caso sigue en la impunidad, informaron familiares de la víctima y organizaciones que los acompañan.
En conferencia de prensa, exigieron una audiencia con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Pilar, de 20 años de edad, fue asesinada el 3 de septiembre de 2012, en Coscomatepec, Veracruz. El probable responsable, quien era su pareja sentimental, fue aprehendido y confesó el feminicidio, pero dos meses después fue liberado. En 2013 la Sala de Responsabilidad Juvenil del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz confirmó la sentencia absolutoria.
Este es el primer caso individual por feminicidio que se presenta ante el Comité Cedaw. Araceli González, de la organización Equifonía, expuso que si bien a raíz de las recomendaciones de este órgano de Naciones Unidas se reabrió la investigación, ha habido “un actuar desarticulado” de instituciones estatales y federales.
Se hicieron algunas diligencias y se abrieron otras líneas de investigación, “pero también tenemos conocimiento de que con las pruebas que se habían recabado en un primer momento, en 2012, había elementos suficientes para que a este joven (el presunto agresor) se le fincaran responsabilidades y fuera juzgado y sentenciado”. Indicó que fue apenas en 2021 cuando se instaló una mesa interinstitucional, presidida por Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para dar seguimiento al caso, pero no ha sesionado desde noviembre pasado.
“Se había acordado un plan de reparación integral, que incluye un acto de disculpa pública, pero también un monumento, por ejemplo, en un lugar público de Coscomatepec”, informó González.
Otras de las recomendaciones del comité, señaló, son “profesionalizar a impartidores de justicia, revisar el marco legal vigente y hacer las modificaciones necesarias para que se agilicen estos procesos donde se busca garantizar verdad y justicia para las víctimas de feminicidio”.
También recordó que presentaron una queja contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Romero, por revictimización. Ante ello desde diciembre de 2021 solicitaron una audiencia con el subsecretario Alejandro Encinas, pero no los han recibido.
