Papantla, Ver., En los 30 años que lleva saliendo a pescar, por primera vez Javier Moreno regresó con las manos vacías. Trae la atarraya al hombro, seca. Cabizbajos y en silencio, lo siguen su prima y un amigo. El arroyo donde capturaban camarones, tilapias y acamayas quedó cubierto de chapopote.
El pasado 2 de julio, el pozo 223 del campo Santa Águeda de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Papantla, tuvo una fuga de hidrocarburos.
Las maniobras de los trabajadores para intentar controlarla se extendieron más de nueve días. Plantíos de naranja y plátano quedaron completamente contaminados.
Una de las costumbres de Javier, de 38 años, originario de Adolfo Ruiz Cortines –mejor conocido como El Aguacate–, es ir los domingos o días de asueto a pescar en el arroyo que pasa por el pueblo.
“No quería venir porque ya sabía que el derrame había afectado el lugar, pero mi prima me convenció, así que venimos a dar una vuelta a ver si podíamos pescar algo”, relata, mientras hace un alto en el camino que surca los campos de naranja y plátano.
–¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse el arroyo? –se le pregunta.
–No sabemos. Pemex no nos ha dicho nada.
Entre los daños más graves está el ocasionado al cauce, que una docena de familias usan para regar y abonar sus cultivos, así como para consumo humano y uso doméstico.
Una de las más perjudicadas es la familia de Andrés Torres, quien tiene su casa dentro de una parcela de cítricos, a 10 metros del riachuelo.
“Todos los que vivimos en la ribera siempre lo hemos cuidado porque de aquí tomamos agua. Pero ahora la fuga de Pemex contaminó todo”, reprocha.
Los tres perros de su casa no pueden tomar esta agua; sus parientes ni siquiera piensan en usarla para lavar la ropa o regar las plantas, pues el olor es nauseabundo.
Desde hace tres semanas, Andrés tiene que andar seis kilómetros hasta un pozo para traer líquido en bidones. Para beber, debe comprar garrafones que venden en la tienda del pueblo a 30 pesos cada uno.
“Conseguir agua para tomar es un problema, porque los repartidores no llegan hasta acá. Tengo que pedirle a una muchacha que nos la traiga en su moto”, explica.
Tomás Moreno San Martín, agente municipal de Adolfo Ruiz Cortines, explica que los habitantes de la comunidad viven en medio de 15 pozos de Pemex y temen que en cualquier momento suceda otro derrame, por lo que piden a la empresa petrolera que refuerce sus medidas de seguridad.
Moreno San Martín considera que este no es el único problema que el pueblo enfrenta por las operaciones de Pemex en la región; por ejemplo, el acceso principal está destruido por el paso de camiones pesados de la empresa.
“El presidente municipal de Papantla dijo que iba a dar mantenimiento a un kilómetro del camino, pero son siete en total; hace falta el resto y queremos que Pemex lo haga, que regrese un poco de todo lo que se lleva”, recalca.
Después de que se esparció el hidrocarburo, representantes de la petrolera acudieron a la localidad a elaborar un censo de las afectaciones. Se reunieron con unos 30 lugareños que tienen en promedio entre una y tres hectáreas perjudicadas.
Sin embargo, las conversaciones no han sido tersas, señala Andrés Torres, a quien funcionarios de Pemex le dijeron que no pagarían el daño al arroyo por ser zona federal.
Y en el caso de los árboles que quedaron contaminados con chapopote, “nos dijeron que todo aquel que fuera inscrito en el censo lo iban a tirar, y mi mamá no quiere que hagan eso con el mango ni el aguacate”.
Andrés ha pedido a su madre, propietaria del terreno, que no firme el documento en que la empresa sólo reconoce perjuicios en 10 árboles, pues son más de 30. “Pemex vino a querer tapar el sol con un dedo; no quiere reconocer el daño que hizo”, acusa.