En 2021, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionó a 55 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, entre ellos tres magistradas y ocho magistrados de circuito, una jueza y 14 jueces de distrito, tres secretarios de tribunal, tres secretarias y cuatro secretarios de juzgado, así como una secretaria encargada del despacho en funciones de jueza.
Entre los asuntos más trascendentes de los impartidores de justicia castigados por alguna irregularidad, se encuentra el del magistrado Carlos Loranca Muñoz, destituido e inhabilitado por 15 años al incurrir en diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016, con lo que actualizó la conducta de faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial, ya que omitió reportar cerca de 6 millones de pesos producto de diversas operaciones.
En 2017 dejó el cargo al argumentar “razones de salud”, aunque su salida fue porque autoridades señalaron que tenía vínculos con Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, cabecilla de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en Puebla.
En abril de 2021, el juez de distrito especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Octavio Rodríguez Martínez, fue destituido por hostigamiento sexual.
Un caso más fue el de Rosa María Sánchez Baltazar, secretaria adscrita al juzgado segundo de distrito en Naucalpan, estado de México, inhabilitada tras comprobarse que durante el tiempo en que se desempeñó en funciones de jueza otorgó indebidamente dos nombramientos provisionales de secretaria a su hija, quien era oficial en dicho juzgado.
Por su parte, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 indica que el año pasado fueron sancionados por su faltas administrativas 419 servidores públicos, 11 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 19 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y 389 en el CJF.
Del total de sanciones, 324 correspondieron a faltas no graves y 119 graves. De servidores públicos, la mayoría fue castigado por omisiones en su declaración patrimonial y/o de intereses.
Ese año 60 mil 21 del Poder Judicial de la Federación tuvieron que presentar su declaración patrimonial y 6 mil 178 incumplieron y 5 mil 829 no hicieron la de intereses.
